"Estos niños y niñas no tenían una posibilidad real de controvertir las órdenes, de cuestionarlas ni de rechazarlas. La disciplina se extendía a sus actividades cotidianas, a sus relaciones personales, a las tareas, a los entrenamientos e incluso a su participación en operaciones militares", explicó la magistrada Lily Rueda durante una conferencia de prensa en Bogotá.
La JEP identificó dos patrones de violencia: los malos tratos, torturas, condenas y ejecuciones sin garantías, y las violencias reproductivas ejercidas contra las niñas que permanecieron en las filas de la antigua guerrilla.
Las decisiones atribuyen máxima responsabilidad regional a Rodolfo Restrepo, Fabián Ramírez, Floresmiro Burbano, Darío Lee, Ángel Alberto García, Luis Óscar Úsuga, Jesús Mario Arenas, Édgar López y Abelardo Caicedo, por haber tenido un papel esencial en el control y la implementación de esas prácticas en sus respectivos territorios.
La JEP estableció que estos niños experimentaron un "entorno de coacción permanente", caracterizado por la vigilancia constante, la obediencia impuesta, la prohibición de abandonar las filas y las profundas diferencias de poder entre comandantes y guerrilleros rasos.
En el patrón de malos tratos, torturas y ejecuciones, la jurisdicción documentó 104 víctimas sometidas a tortura, veintiocho a tratos crueles y 208 víctimas de condenas y ejecuciones sin juicio previo o sin las garantías indispensables.
La magistrada Rueda detalló que 214 víctimas relataron malos tratos en las actividades cotidianas, como transportar leña, abrir trincheras, cocinar, hacer labores de aseo o prestar guardia durante jornadas extenuantes, pero también acciones como intentar comunicarse con la familia, comer un chocolate sin permiso o negarse a torturar.
Otras 68 víctimas describieron los abusos durante los entrenamientos militares, en los que eran obligadas a cargar armamento pesado, realizar largas caminatas y manipular explosivos y minas antipersonal sin la preparación necesaria.
Además, 81 contaron que fueron llevadas a operaciones militares y expuestas al fuego enemigo, incluso sin experiencia suficiente para afrontar los combates.
Por otro lado, al menos 156 mujeres reportaron haber sido sometidas a la anticoncepción forzada y 91 denunciaron abortos forzados.
Las sanciones incluían trabajos obligados, aislamiento, castigos físicos, humillaciones y fusilamientos. Según Rueda, los procedimientos disciplinarios y los llamados consejos revolucionarios de guerra no respetaron garantías básicas como el derecho de defensa, la legalidad o la independencia.
De los nueve antiguos integrantes llamados ahora a reconocer responsabilidad, ocho ya habían sido llamados por la JEP en abril pasado por su presunta responsabilidad regional en el reclutamiento y utilización de menores.
Los comparecientes tienen treinta días para responder a los señalamientos. Si no reconocen responsabilidad, sus procesos pasarán a la Unidad de Investigación y Acusación y, en caso de ser acusados y condenados en juicio, podrían recibir penas de hasta veinte años de prisión.
Entre 1971 y 2016 las antiguas FARC reclutaron al menos a 18.677 menores. El Caso 07 cuenta con 11.319 víctimas acreditadas individual y colectivamente y acompaña la búsqueda de 533 niños y niñas reclutados que permanecen desaparecidos.