Según explicó la Comisión, el programa de trabajo del Ejecutivo comunitario para 2027 -presentado este miércoles- se enfoca en "un número limitado de iniciativas clave que reforzarán la capacidad de la Unión Europea para actuar en un mundo que cambia rápidamente".
Las 23 iniciativas previstas para 2027 suponen una reducción frente a las 45 planeadas para 2025 (el primer año completo de la segunda legislatura de Ursula von der Leyen) y las 38 de 2026.
"La UE está realizando un esfuerzo sin precedentes para garantizar nuestra prosperidad constante: completando el mercado único, simplificando la normativa, integrando más estrechamente a los países de la ampliación, ampliando nuestra red de asociaciones comerciales y modernizando nuestra base industrial, al tiempo que defiende nuestro modelo social único y nuestra cohesión", defiende Bruselas.
Durante el primer trimestre del próximo año se pondrán sobre la mesa propuestas para simplificar la competitividad bancaria, la legislación energética post 2030 o el entorno regulatorio del transporte, mientras que más adelante se presentarán iniciativas para reducir la carga administrativa en el ámbito de la vivienda, acelerar permisos en materia de competitividad o para la transformación digital y los derechos de autor.
También se actualizarán la normativa de visados, las reglas sobre publicidad política y las leyes sobre intercambios de datos para la cooperación policial. Antes del verano, se presentará además un plan no legislativo para las olas de calor.
En el capítulo ambiental se revisarán las normas sobre emisiones de CO₂ de los vehículos pesados y las directivas de hábitats, aves y de la red Natura 2000, un ajuste contra el que han advertido España, Alemania, Francia, Hungría y Luxemburgo en una carta remitida a Bruselas en la víspera de esta publicación y que estos cinco países consideran prematuro.
Las propuestas que saldrán a la luz este año permitirán retirar catorce leyes antiguas.
Por otro lado, la Comisión también decidió retirar de la mesa de negociación una veintena de iniciativas antiguas, bien porque han quedado obsoletas o porque están bloqueadas en el Consejo o el Parlamento Europeos.
Entre las propuestas que retirará Bruselas está la del Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (EDIS), una iniciativa destinada a mejorar la cobertura en caso de grandes quiebras bancarias que se presentó en 2015, a raíz de la crisis financiera, pero que lleva estancada desde entonces por el rechazo de los Estados a mutualizar los riesgos de la banca.
La Comisión Europea no renuncia a establecer este mecanismo, pero hará una propuesta diferente para ello en el marco de la reforma de las reglas bancarias que presentará a lo largo del primer trimestre de 2027, tras haber analizado los problemas para la competitividad del sector en Europa.
También retira la propuesta para crear un impuesto europeo sobre los gigantes digitales que Bruselas propuso en 2018, ante la falta de avances en un expediente que requiere unanimidad entre los Veintisiete, aunque el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, quitó hierro a esta decisión y dijo que se puede pensar en diferentes "enfoques" o "alternativas".
En el marco de las negociaciones presupuestarias, de hecho, se están explorando nuevas fuentes de ingresos para la UE y entre ellas está la posibilidad de introducir un gravamen sobre las multinacionales digitales.
Además, Bruselas retirará también su propuesta para combatir el llamado "ecoblanqueo" y proteger a los consumidores de afirmaciones ecológicas engañosas en ciertos productos, con términos como "verde" o "natural" que no estén respaldados por un desempeño certificado.
La propuesta llevaba tres años sobre la mesa y está bloqueada en el Consejo, la institución que representa a los Estados miembros.