En una entrevista emitida por la cadena de televisión TVN, Siemoniak describió como "enorme" la operación, que, según dijo, "se ha puesto en marcha como una máquina apisonadora" y que "se refiere a todo lo que rodea a la central de Ostrołęka: la construcción de los bloques, el dinero malgastado, concejales vinculados, empresas relacionadas".
La investigación, a cargo de la Oficina Anticorrupción polaca (CBA), ha incluido registros en 30 ciudades de once provincias y examinará las actividades llevadas a cabo entre 2018 y 2019 y una de las primeras medidas ha sido la detención de Kowalik, quien además de presidente de la filial polaca de la empresa estadounidense Westinghouse fue directivo de la firma energética Enea, una de las propietarias de Ostrołęka.
La fiscalía acusa a Kowalik de presunto incumplimiento de sus obligaciones como directivo y negligencia en perjuicio de las empresas estatales participantes.
La CBA actuó tras denunciarse presuntas irregularidades y daños patrimoniales equivalentes a unos 250 millones de euros y que se refieren, sobre todo, al fallido proyecto de la central eléctrica Ostrołęka C, que iba a funcionar a base de gas natural.
Las obras del bloque de esa ampliación de la central comenzaron en 2018, pero se congelaron en 2020 por falta de viabilidad económica.
Informes de auditoría de la Oficina Suprema de Control Estatal (NIK) revelaron que la retirada del proyecto fue ruinosa e ilegal, ya que carecía de financiación asegurada desde su origen y nunca debió emprenderse.
Esta situación derivó en la demolición de las estructuras construidas para el bloque C de la planta, lo que provocó pérdidas multimillonarias.
La central eléctrica de Ostrołęka es uno de las mayores centros de producción energética del país.
Se estima que produce más del 2 % de la electricidad polaca, y de haber entrado en servicio el bloque C habría llegado a producir casi el 6 % del consumo eléctrico nacional.