De acuerdo con los informes que maneja la Direction nationale du renseignement territorial (DNRT), un servicio de inteligencia de Francia que depende de la Policía Nacional, se esperan entre medio millón y 700.000 manifestantes en las calles, excluidas las protestas en la capital, que son siempre las principales y más multitudinarias.
"La participación se prevé tan masiva como elevado es el riesgo de que se produzcan disturbios que alteren el orden público", advertía un informe de la DNRT esta semana, divulgado este miércoles por la radio RTL y otros medios.
Y eso a pesar de que se mantendrán las restricciones a que las manifestaciones pasen por el centro de las ciudades, una medida muy criticada que el Gobierno de Emmanuel Macron comenzó a imponer tras las caóticas protestas del 17 de octubre, marcadas por graves disturbios y saqueos.
En ese sentido, la secretaria general de la principal organización sindical francesa, la CFDT (una de las impulsoras de la huelga), Marylise Léon, criticó este miércoles, en declaraciones a la prensa, esas cortapisas al derecho a la manifestación y consideró que no es algo "aceptable".
Es el caso del recorrido de la marcha en París, que los sindicatos proponían entre la plaza de la Bastilla y la de la Concordia (en pleno centro) y que solo podrá desarrollarse, por orden de la Prefectura de policía de la capital, entre la plaza de la República y la de Nación.
En ciudades como Lyon los sindicatos han acudido a la justicia para recurrir limitaciones similares y en Toulouse amenazan con desfilar por el centro urbano pese a las prohibiciones.
El Gobierno sostiene que el derecho a manifestarse no está en cuestión, aunque se impidan ciertos trayectos, y alega que desde que comenzó esta oleada de movilizaciones (el sábado pasado fue el tercero consecutivo de protestas) se han dado respuestas, como mejoras educativas o para que bajar el precio de los carburantes, según señaló este miércoles la portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon.
Pero "no puede ser", enfatizó la también ministra delegada de Energía, que se repitan escenas como las del 17 de octubre.
La huelga, en cualquier caso, amenaza con impactar la actividad de los transportes ferroviarios, los controladores aéreos, la sanidad y la función pública.
En educación, que fue la semilla de estas protestas (comenzaron a finales de septiembre en forma de bloqueos en institutos de secundaria, pero luego fueron sumando nuevas causas de malestar general), el Ministerio correspondiente espera una adhesión al paro del 17,54 %.