La Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Londres, desestimó la demanda de Charles Max Damien Acelor, en un laudo emitido el pasado 26 de octubre, según informó este miércoles el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuya procuraduría (abogacía del Estado) se encargó de la defensa.
El demandante exigía la multimillonaria indemnización en base a un supuesto acuerdo de conciliación con representantes del Estado peruano, en el que se reconocía una transgresión de sus derechos fundamentales en el marco de su detención, condena y encarcelamiento.
Sin embargo, el tribunal arbitral determinó que el supuesto acuerdo de conciliación utilizado por el francés no era auténtico y, además, que no se había acreditado la participación de los funcionarios a los que atribuía su suscripción.
Por ello, el laudo condenó a Acelor a asumir la totalidad de los costos del arbitraje y a reembolsar al Estado peruano la suma de casi 2,2 millones de dólares
"Esta decisión resulta especialmente significativa porque no solo desestimó una indebida pretensión multimillonaria contra el Estado peruano, sino que reconoció también su derecho a obtener el reembolso de los gastos incurridos en su defensa", sostuvo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú.
Acelor fue parte de los 35 implicados que fueron condenados en 2006 junto a Montesinos por haber comercializado armas de manera ilegal a las FARC.
El francés recibió una pena de 15 años de cárcel, mientras que Montesinos obtuvo una condena de 20 años de prisión.
En 2023, Acelor comenzó a exigir la indemnización en virtud del documento declarado falso, que con fecha de 25 de agosto de 2022 señalaba que "el gobierno acusó falsamente al denunciante", con las rúbricas falsificadas del procurador público supranacional Carlos Reaño y del notario Octavio Telada, de la ciudad amazónica de Pucallpa.
Montesinos y sus cómplices fueron considerados culpables de adquirir armas en Jordania y venderlas a las FARC en 1999, lo que implica que cometió delitos de violación de la soberanía de un estado extranjero, conspiración política, y suministro ilegal de armas a grupos subversivos.
En agosto del 2000, el todavía presidente Fujimori presentó a su asesor Montesinos como el artífice del supuesto desmantelamiento del tráfico de 10.000 fusiles AKM jordanos a las FARC, hecho que fue negado posteriormente por el Gobierno de Bogotá y desató el proceso.