En su intervención en la segunda sesión del juicio político, la diputada Rocío Vallejo aseguró que Peña "creó un agujero de 1.200 millones de dólares al pueblo paraguayo" y "tres millones de perjudicados en un solo día", en alusión al procedimiento de resolución ordenado el martes contra Ueno por el Banco Central.
Paraguay atraviesa una crisis política después de la decisión del banco emisor, que, según la diputada, "mató" a Ueno, en vez de ordenar una intervención, ya que "no tenía remedio".
Vallejo consideró como "tema central" del proceso el "robo del dinero público y el gravísimo daño a las arcas de los fondos previsionales", al subrayar que Peña "deja sin recursos a 5 cajas jubilatorias", entre ellas la del Instituto de Previsión Social (IPS), que maneja los depósitos de la mayoría de los trabajadores del país.
Por ello, aseguró que hoy están pidiendo que "Santiago Peña se vaya a su casa", al calificar a la Administración del mandatario como "negligente", "criminal" y "con un resultado desastroso para las arcas públicas".
"Santiago Peña debe salir de este Congreso con la sanción política de ser el desfalcador más grande de la historia del Paraguay, y eso en un país serio es mal desempeño de funciones", respondió Vallejos a la defensa del gobernante, que tachó de nula la acusación.
Peña permanece formalmente en el cargo después de que el Congreso no se pronunció por falta de cuórum sobre la renuncia que presentó este jueves.
Este viernes, el mandatario pidió una prórroga de 72 horas para alistar su defensa, lo que el Senado rechazó más temprano.
El artículo 189 de la Constitución de Paraguay establece que los expresidentes electos democráticamente serán senadores vitalicios, "salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables".
Un senador vitalicio goza de fueros y no puede ser sometido a un proceso penal sin que se apruebe en el Congreso el retiro de dicha inmunidad.
El BCP detectó que el índice de solvencia del banco, que controlaba los recursos de más de 2,9 millones de clientes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización".