En concreto, la oficina de la ONU denunció amenazas de muerte, seguimientos e intimidaciones contra Melkin Hernán Castrillón, defensor de derechos humanos e integrante de la Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado del Magdalena Medio (Asorvimm), así como contra otros miembros de esa organización, por parte de personas que presuntamente pertenecen a "grupos armados no estatales".
El organismo aseguró que continuará "monitoreando su caso y las medidas de prevención y protección que adopten las autoridades para garantizar su seguridad", al tiempo que expresó su preocupación por las condiciones en las que los defensores de derechos humanos desarrollan su labor en la región.
La denuncia se produce después de que el pasado 3 de noviembre otro integrante de Asorvimm fuera víctima de un ataque armado en el que tres hombres le dispararon en seis ocasiones y le causaron una herida en una pierna.
La oficina de la ONU no identificó a la víctima ni precisó si el ataque está relacionado con las amenazas denunciadas contra Castrillón y los demás integrantes de la asociación.
Asimismo, Naciones Unidas instó a las autoridades colombianas a "investigar, juzgar y sancionar a los responsables" y adoptar las medidas necesarias para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y a las organizaciones a las que pertenecen.
También exhortó a los grupos armados ilegales a respetar los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la labor de quienes defienden los derechos de las comunidades.
Asorvimm es una organización constituida formalmente en 2006 que agrupa a víctimas de crímenes de Estado en el marco del conflicto armado, su trabajo comprende la documentación de violaciones de derechos humanos, el acompañamiento a las víctimas y la recuperación de la memoria histórica en la región del Magdalena Medio (centro).
La denuncia se conoce en una región marcada por décadas de violencia y disputas territoriales entre guerrillas y estructuras paramilitares, que dejaron miles de víctimas y afectaron especialmente a organizaciones sociales, sindicales y defensoras de derechos humanos.
El pasado septiembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 antiguos integrantes de la fuerza pública y del área de seguridad de Ecopetrol por su participación en la toma paramilitar de Barrancabermeja entre 1998 y 2000.