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El Gobierno militar birmano rechaza fallo de CIJ que concluye que hubo genocidio rohinyá

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Bangkok, 20 nov (EFE).- El Gobierno militar de Birmania (Myanmar) rechazó este viernes el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que la víspera declaró al país responsable de cometer genocidio contra la minoría musulmana rohinyá durante la ofensiva militar de 2017 en el oeste de esta nación del Sudeste Asiático.

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En una declaración de la cartera de Exteriores, Naipyidó argumentó que la sentencia -que obliga al Estado a investigar los crímenes, indemnizar a las víctimas y facilitar el regreso de los desplazados-"fue adoptada sin la participación del representante legítimo de Myanmar y, por tanto, no refleja la realidad sobre el terreno".

El Gobierno que preside Min Aung Hlaing, el general golpista que lideraba el Ejército cuando tuvo lugar el genocidio contra los rohinyás, "se desvincula de la resolución" al considerarla "selectiva" y "sesgada", y "la rechaza categóricamente, junto con sus descripciones y recomendaciones de carácter injerencista", señala el escrito.

La denuncia por las operaciones militares de 2017, presentada en 2019 por Gambia, acabó con el histórico fallo de la corte de Naciones Unidas, que por primera vez desde su fundación en 1945 declaró a un Estado responsable de cometer genocidio.

A juicio del Ejecutivo birmano -conformado por militares que llegaron al poder por un golpe de Estado que acabó con un gobierno democrático en 2021- este tipo de procesos se basa en "informes carentes de fundamento, parciales y en información fabricada, con el objetivo de politizar los derechos humanos e interferir en los asuntos internos de otros Estados miembros".

Tras considerar probados asesinatos masivos, violencia sexual y medidas destinadas a impedir nacimientos, los jueces de la CIJ determinaron que "la única conclusión razonable" que permite explicar las acciones de las fuerzas birmanas es una "intención de destruir una parte sustancial" de esta comunidad, un elemento fundamental para establecer jurídicamente la existencia de genocidio.

La Corte consideró probado que las fuerzas de seguridad birmanas cometieron "asesinatos indiscriminados", separaron y ejecutaron a hombres y perpetraron actos generalizados de violencia sexual durante las operaciones militares de 2017.

Los jueces concluyeron además que las aldeas rohinyás fueron destruidas sistemáticamente, sustituidas por infraestructuras permanentes y repobladas con personas ajenas a esta comunidad.

Además, determinó que Birmania incumplió su obligación de impedir que personas que actuaban junto a sus fuerzas de seguridad cometieran genocidio, al igual que su deber de investigar y castigar los crímenes y aprobar la legislación necesaria para aplicar la Convención.

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