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Los conservadores estadounidenses impulsan iniciativas para restringir el derecho al aborto en todo Estados Unidos.
El objetivo declarado de los promotores del texto es llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos para convencer a sus miembros de que reconsideren la decisión histórica de 1973, “Roe vs. Wade”, que reconoció el derecho de las mujeres a abortar siempre y cuando el feto no fuera viable.
El proyecto, aprobado por la Cámara de Representantes de Alabama el martes, prevé penas de prisión de 10 a 99 años para los médicos que practiquen la interrupción voluntaria del embarazo, excepto en casos de emergencia vitales para la madre o “anomalía” letal del feto.
El texto no contempla excepciones por violación o incesto. Para que se convierta en norma, la iniciativa debe ser validada por el Senado, también controlado por los republicanos, y luego promulgado por el gobernador republicano del estado, Kay Ivy.
Una vez adoptado, probablemente será invalidado por los tribunales.
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Alabama, estado del sur donde la religión está muy arraigada, debe apelar ante el Tribunal Supremo, con la esperanza de que esta norma cambie su jurisprudencia.
“Este proyecto es sobre Roe v. Wade”, dijo su autor, el representante republicano Terry Collins, durante los debates en la Cámara. “La decisión que fue tomada en 1973 no sería la misma hoy si se revisara el asunto”.
Los conservadores apuestan por la nueva composición de la Corte Suprema, donde los jueces progresistas son minoría desde la llegada de dos magistrados elegidos por el presidente Donald Trump.
El proyecto de Alabama es particularmente represivo, pero 28 estados han introducido más de 300 nuevas reglas desde principios de año para limitar el acceso al aborto, según un informe del Instituto Guttmacher, que defiende ese derecho de las mujeres.
Kentucky y Mississippi han prohibido los abortos tan pronto como se detectan los latidos del corazón del feto, alrededor de la sexta semana de embarazo, y medidas similares se están adoptando en Georgia, Ohio, Misuri y Tennessee.
Un juez ha bloqueado la implementación de la ley de Kentucky, mientras que la de Mississippi entrará en vigor en julio, según lo previsto.