Estos nuevos controles, principalmente en San Francisco, Sacramento y San José, muestran un incremento de las medidas policiales en California, estado que desafía a la administración del presidente Donald Trump y que se proclamó “santuario”, rehusando cooperar con el ICE para arrestar a trabajadores ilegales.
“Las medidas tomadas esta semana reflejan los esfuerzos acentuados a fin de aplicar la ley que prohíbe el empleo de trabajadores ilegales”, justifica el comunicado de la ICE. En 2017, el gobierno federal realizó 1.360 inspecciones similares y más de 300 arrestos, mientras que las empresas afectadas debieron pagar 100 millones de dólares por restitución de impuestos y multas, según la ICE, que no identificó a los comercios implicados.
“Esto ha provocado mucho pánico en la gente”, comentó Mariela Garcia, militante de la asociación de ayuda a los emigrados Sacred Heart Community Services de San José, y agregó que “mucha gente renunció” a su empleo por miedo a ser arrestado, según citó el cotidiano local Mercury News.
En los últimos días, los servicios de inmigración pusieron en práctica una directiva que autoriza a sus agentes a ingresar directamente en los tribunales para arrestar a personas cuyos documentos no están en regla, cuando hasta ahora las salas de audiencia eran consideradas como santuarios para no desanimar a testigos en asuntos criminales.
Trump hizo de la seguridad fronteriza, principalmente a través de la construcción de un muro en el límite con México y de la lucha contra la inmigración, una las prioridades de su campaña en 2016.