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El organismo asegura que se han registrado al menos 20 acciones de las FARC con consecuencias directas para la población civil desde el pasado 22 de mayo cuando esa guerrilla suspendió el cese el fuego unilateral e indefinido que había iniciado cinco meses antes en el marco de los diálogos de paz con el Gobierno.
La Defensoría reseña hechos como la emergencia ambiental en el municipio de Puerto Asís, en el departamento de Putumayo (sur), por el vertido de 200.000 galones de crudo, que contaminaron fuentes de agua de campesinos de la zona, y los daños provocados a varias viviendas de la localidad de Leyva, en el departamento de Nariño (suroeste) por un atentado con explosivos contra la estación de Policía.
Cuenta también el atentado del fin de semana que destruyó el acueducto de Algeciras, en el departamento del Huila (centro-sur) así como las graves heridas que sufrió un niño de 11 años al pisar una mina antipersonal en zona rural del Valle de Guamuez, en el Putumayo.
La Defensoría, que ya había registrado hechos similares en los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia, Meta, Nariño y Cauca, insistió en que el país necesita demostraciones de paz de la guerrilla que comiencen por el respeto a los derechos humanos de quienes son ajenos al conflicto armado.
La entidad considera que los países garantes de los diálogos de paz de La Habana entre el Gobierno y las FARC, podrían jugar un papel preponderante para que la guerrilla excluya a la población civil de la confrontación y asuma la obligación de acatar las normas internacionales mientras se desarrollan las negociaciones.
“Actuar en sentido contrario, como lo viene haciendo las FARC, no sólo desacredita el propósito de las conversaciones en Cuba, sino que agrega más víctimas a la ya elevada cifra de 7.438.000 reconocidas oficialmente por el Gobierno”, concluye el comunicado del organismo.