Así informó a la AFP la madrugada del viernes un alto mando policiaco.

El Ejército, la Policía Federal y la Gendarmería desplegaron un aparatoso operativo tras recibir una denuncia anónima alertada por el nauseabundo olor que salía del crematorio “Del Pacífico” , ubicado en el barrio Llano Largo, cercano al área turística de alta gama denominada “Diamante” de Acapulco, en el Estado de Guerrero.

En las primeras horas del viernes los cadáveres ya habían sido trasladados a instalaciones oficiales, dijo un alto mando de la policía estatal.

Guerrero, uno de los Estados más pobres de México, es foco de atención desde la desaparición en el municipio de Iguala, el pasado 26 de septiembre, de 43 estudiantes de magisterio.

Los padres de esos jóvenes, de los cuales solo uno ha sido identificado en exámenes de ADN en un laboratorio de Austria, sostienen que sus hijos siguen con vida y que están en algún sitio en poder de las fuerzas armadas, dado que sobrevivientes al ataque han declarado que militares y policías federales tuvieron presencia la fatídica noche del 26 de septiembre.

Ese día fallecieron 6 personas, entre ellos tres estudiantes. Uno de ellos fue encontrado desollado en las inmediaciones del ataque en Iguala, ubicado a unos 184 km de la capital mexicana.

El gobierno mexicano niega la participación del Ejército en ese atroz episodio, que ha sacudido a la comunidad internacional. Por su parte, la fiscalía mexicana dijo la semana que tiene “certeza legal” de que los jóvenes fueron entregados por los policías municipales al cartel Guerreros Unidos que los mató, incineró y arrojó sus restos calcinados en un río, una versión que los padres se niegan a aceptar ante la falta de “pruebas científicas”.

Unas 20.000 personas han desaparecido desde la militarización de la guerra contra las drogas en 2006, que además ha dejado un saldo de más de 80.000 muertos, según cifras oficiales.