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El otrora “hombre fuerte” llegó a Panamá el 11 de diciembre de 2011 extraditado por Francia y después de casi 22 años fuera del país, en los que estuvo preso primero en Estados Unidos y luego en la nación europea por delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
Permanece en la cárcel El Renacer, en las afueras de la capital panameña, en una celda especial adaptada a sus condiciones: se desplaza en silla de ruedas y padece hipertensión, úlcera péptica, rinitis alérgica, problemas urológicos y neurológicos derivados de un accidente cerebro vascular, según ha informado el Gobierno.
La defensa ha pedido a las autoridades que el antiguo dictador reciba el beneficio del arresto domiciliario, con el argumento de que “ningún” presidio ni hospital panameño puede proporcionar los cuidados que requiere su frágil estado de salud, según explicó a Efe el abogado Ezra Angel.
Hasta ahora, las autoridades no han respondido a esos pedidos, mientras que familiares de las víctimas de la dictadura han expresado sus dudas sobre la veracidad de los informes médicos presentados por la defensa de Noriega y exigen que se quede en la cárcel.
Alida Spadafora, hermana de Hugo Spadafora, por cuyo asesinato en 1985 Noriega fue condenado a 20 años de cárcel, dijo a Efe que el exgeneral debe recibir “un trato justo y equitativo con otros reos que son mayores de edad y están enfermos”.
Los detractores de Noriega también se han quejado porque la Justicia panameña mantiene paralizados nuevos juicios contra él por crímenes de su dictadura e incluso algunos previos, cometidos cuando era jefe del cuartel de la provincia occidental de Chiriquí.
Uno de esos procesos, por la desaparición y homicidio en 1968 del soldado estadounidense de origen panameño Everett Clayton Kimble Guerra, se suspendió en marzo pasado a petición de la defensa.
En ese y otros casos las acusaciones judiciales presentan “errores de forma” que han impedido que comiencen los juicios, aseguró a el abogado Angel.