“Le siguen buscando”, declaró a la AFP una fuente judicial este jueves.

Plazaola, detenido en España desde 1996 tras cumplir siete años de prisión en Francia, fue liberado en diciembre pero tenía que ser encarcelado de nuevo debido a la sentencia del Supremo. Su fuga pudo producirse entre el momento en que se publicó la sentencia en la prensa el martes a mediodía y la llegada de la policía, un periodo de varias horas durante las que una multitud de manifestantes de la izquierda independentista abertzale se movilizaron frente a su casa en Oñate (País Vasco).

Esta huida generó un durísimo editorial del periódico de centro-derecha El Mundo, que denunció un “escándalo social” y “la falta de coordinación” entre policía y justicia. “Es difícil mantener la decisión reservada. Se ha enterado que le quedaban once años por cumplir antes que la policía. Pero la policía no puede vigilar a una persona en una situación de libertad definitiva”, respondió una fuente judicial.

Tras la fuga, se lanzó una orden de busca y captura nacional, que pronto podría ser internacional, contra el exetarra, condenado por tentativas de asesinato. La prensa especuló con la posibilidad de una huida hacia Francia o incluso Venezuela, donde vivirían otras antiguos miembros del grupo armado independentista vasco.

La Audiencia Nacional, un tribunal especializado especialmente en asuntos de terrorismo, decidió liberar a Plazaola tras contabilizar en su pena los años de prisión cumplidos en Francia, donde había sido condenado por pertenencia a una asociación de malhechores vinculada con una organización terrorista.

La Audiencia Nacional se basó en una decisión marco europea imponiendo a los Estados miembros tener en cuenta las decisiones de la justicia extranjera en el cómputo de las penas. Pero esta interpretación de la decisión europea, que también se aplicó para otros exmiembros de ETA, no generó unanimidad en España y fue denunciada por asociaciones de víctimas del terrorismo y también por la fiscalía.

El Supremo ya ha anulado las decisiones de la Audiencia Nacional sobre tres antiguos miembros de ETA, cuyos atentados provocaron 828 víctimas según el ministerio del Interior. La organización renunció definitivamente a la violencia en octubre de 2011.