En una resolución fechada el 30 de julio, pero que se dio a conocer recién este miércoles, la Corte Suprema de Justicia decidió rechazar las recusaciones planteadas por la defensa del periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano contra las ministras Gladys Bareiro de Módica y Miryam Peña en la acción que definirá si las declaraciones juradas de bienes de las más altas autoridades de la República son o no de libre acceso a la ciudadanía.

La defensa de nuestro compañero de tareas había planteado las recusaciones contras las ministras de la máxima instancia judicial debido a que las declaraciones juradas de ambas estaban incluidas en el pedido original de acceso a la información pública que generó la acción judicial que ahora debe ser analizada por la Corte.

El periodista de nuestro diario presentó reiteradas solicitudes de Acceso a la Información Pública ante la Contraloría General de la República, pidiendo que el órgano extrapoder entregue las declaraciones juradas de las más altas autoridades estatales entre 1998 y 2017. Dentro de esa solicitud se encuentran los documentos presentados por quienes ocuparon el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia durante ese período de tiempo.

Antonio Fretes, el otro miembro de la Sala Constitucional, había reconocido el conflicto de intereses pues sus declaraciones juradas también estaban incluidas, por lo tanto se inhibió de la causa. Algo que no hicieron Bareiro ni Peña, por lo que fueron recusadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los ministros Manuel Ramírez Candia y Alberto Martínez Simón se ofrecieron para tratar las recusaciones, junto con Eugenio Jiménez Rolón.

Según el documento de la máxima instancia judicial, Peña rechazó que existiera causal para ser apartada en el cargo y hasta sostuvo que no tiene problema con que sus declaraciones juradas se hagan públicas si así se llegara a resolver. Por su parte, Bareiro dijo que no existía causal para su apartamiento, según lo establecido en el artículo 29 del Código Procesal Civil.

Ezequiel Santagada, director de la ONG IDEA y abogado del periodista Lezcano, señaló que se trata de un día “que pinta complicado para la transparencia en Paraguay” luego de que se conociera la decisión.

No quería transparencia y ahora definirá caso clave

Gladys Bareiro, que ahora deberá definir si sus declaraciones juradas son o no públicas, es la misma ministra que hace apenas algunas semanas planteó que se analice una acción de inconstitucionalidad para evitar que las sesiones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se transmitan.

La misma Bareiro que accionó contra la transparencia ahora deberá definir un caso considerado clave para el avance del derecho de acceso a la información pública. La ministra de la máxima instancia judicial llegó incluso a presumir públicamente de su buen pasar económico, diciendo que tenía un “high level” que le permite comprar carteras en Estados Unidos y Europa.

Causa parada hace un año

El 8 de mayo de 2018 el juez Rubén Riquelme hizo lugar al amparo promovido por el periodista Juan Carlos Lezcano luego de que la CGR ignorara repetidamente las solicitudes de acceso a la información pública que había presentado. El Tribunal de Apelación, primera sala de la capital, ratificó el 7 de junio del año pasado la histórica sentencia que había dado en primera instancia el magistrado.

Mientras decía estar a favor de la transparencia y aseguraba que cumpliría con los dictámenes judiciales, el excontralor Enrique García presentó el 4 de julio una acción de inconstitucionalidad ante la Corte para evitar entregar la información pública.

La excusa de García para recurrir a la máxima instancia judicial fue que buscaba una “decisión definitiva”. Sin embargo, la realidad es que García trabó el estudio de la acción que él mismo planteó ante la Corte Suprema de Justicia.

La causa se encuentra parada hace más de un año en la máxima instancia judicial, que durante meses no corrió siquiera traslado a la defensa del periodista de nuestro diario para que pudiera responder.

Dictamen de fiscala, clave

Sandra Quiñónez, fiscala general del Estado, deberá definir públicamente si está a favor o en contra de la transparencia.

Cuando una acción de inconstitucionalidad es estudiada por la máxima instancia judicial, esta debe correr traslado también a la Fiscalía General para que este organismo brinde su parecer. Hasta el momento, no se cumplió con el trámite.

Los otros pedidos

Santagada recordó que, además de solicitar el rechazo de la acción planteada por la Contraloría, se habían pedido además la ampliación de la sala y la intervención de amigos del Tribunal, o amicus curiae.

Solicitó además algo inédito pero que se enmarcaría dentro de la política de transparencia de la Corte: que se convoque a una audiencia de mérito sobre la causa, donde cada una de las partes exponga sus argumentos y los ministros puedan preguntar a las partes las cuestiones sobre las que tengan dudas.

El director de IDEA manifestó este miércoles que se insistirá en todos estos pedidos, debido a la importancia de la causa.