El intendente Caballero, acompañado de su esposa, la diputada Blanca Vargas de Caballero, y directores de la Comuna, se presentó esta mañana ante la Junta para rendir cuentas ante los contralores municipales. Los concejales colorados de la disidencia César Eudes Mereles, Proto Meza, Édgar Franco y Óscar Romero anunciaron que en la sesión ordinaria de la Junta, convocada para esta mañana, plantearán la intervención de la administración del intendente cartista.
Los ediles disidentes afirmaron que Caballero desembolsó G. 123.350.000 en pagos por honorarios profesionales sin evidencia de la contraprestación. Susana Cabrera Martínez, Carlos Ovejero Saldívar, Juan Méndez Garay y Nilton Uriarte Gavilán fueron los beneficiarios.
Igualmente, el jefe comunal transfirió G. 412.013.000 a la comisión “Tercera Edad Renacer”, a la comisión de “Apoyo a la Cultura y Educación Integral de Minga Guazú” y a la comisión “Ejecutiva de Instancia Territorial de Minga Guazú” sin justificación, según la denuncia de los disidentes.
Los opositores también resaltaron que Caballero habría usado G. 36.800.000 de los recursos del Fonacide para repartir como subsidio a 15 personas, además de licitaciones direccionadas a la empresa Po Kuarahy Rese SA, representada por Víctor Aranda Cáceres. Esta firma fue favorecida con cuatro contratos en la Comuna minguera por valor de G. 622.159.320 para compra de piedras y para obras municipales.
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Los concejales aprobaron pedidos de informe al intendente sobre los puntos cuestionados.
El intendente Caballero había prometido entregar todos los documentos con la presentación del informe de su ejecución presupuestaria del segundo cuatrimestre. Ahora, el intendente está participando en audiencia pública en la Junta Municipal.