Durante una reunión mantenida esta tarde en la sede de la Junta Departamental de Itapúa a la que asistieron el gobernador, Juan Schmalko; el presidente de la Junta, Marcelino Bogado; el concejal departamental Jorge Dávalos y el senador Juan Afara, los productores les pidieron su intermediación en la búsqueda de una solución a un problema que les mantiene en una suerte de muerte civil, porque no pueden acceder a créditos para seguir trabajando por figurar como deudores morosos.
Entre las opciones que manejan los agricultores está la posibilidad de presentar ante el Ministerio Público una demanda por estafa contra el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) o contra quien resulte su representante, como una forma de deslindar responsabilidades en el problema.
El Programa 70/30 viene de los años 2015 a 2017 (gobierno de Horacio Cartes), cuando el MAG utilizó dinero de los bonos soberanos para financiar proyectos productivos para campesinos. Un 70% fue cubierto con dinero de los bonos soberanos, y el 30% restante con créditos obtenidos a nombre de los productores a través del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH).
Los campesinos accederían a instalaciones de infraestructura de producción agrícola como galpones, sistemas de regadío, invernaderos, entre otros. La empresa adjudicada con el proyecto fue Rocalex SA, pero esta incumplió la entrega de los bienes y, finalmente, se declaró en quiebra. Los productores que asumieron las deudas, que en promedio fueron de unos G. 40 millones cada uno, quedaron con los proyectos inconclusos y las deudas con el CAH.
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