Pobladores de las compañías Pedrozo y Hugua Hû, del distrito de Ypacaraí, denuncian que no cuentan con agua desde hace cinco días. Expresaron que la situación se repite a menudo.
“Un día tenemos agua, sin presión, no llega ni a la pileta de la cocina, y cinco días no tenemos, anteriormente no sufríamos tanto, sueltan el agua solo para abastecer a sus familiares”, mencionó Zunilda Gómez, pobladora de la zona.
Esta queja es replicada por gran parte de la población.
La aguatera abastece a las localidades de Cabañas, Cerro Corá y Potrero Po’i de la ciudad de Caacupé; y Pedrozo y Hugua Hû del distrito de Ypacaraí.
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La Junta de Saneamiento se encuentra intervenida desde el pasado 30 de agosto.
Los vecinos piden que la Erssan revea la intervención, ya que desde que comenzó el servicio empeoró. Señalan que hay zonas en las que sí hay agua y que esas zonas son afines a los interventores.
La Junta de Saneamiento se encuentra ubicada en el kilómetro 50 de la ruta Mariscal Estigarribia, en el distrito de Caacupé.
La aguatera provee del servicio a unos 1.750 usuarios, según los papeles. Sin embargo, solo 133 cuentan con medidor.
Días atrás, Octavio Yegros, de la Junta de Saneamiento, explicó que hay suficiente agua para todos los usuarios y que la falta de agua en las casas se debe al mal uso de las personas que no cuentan con medidores.
“Se derrocha el agua porque no se mide en las partes bajas, y al no usar con conciencia, ya no llega a las familias en las partes altas”, explicó.
Solicitó que los usuarios realicen sus denuncias en la Junta de Saneamiento para que un técnico pueda verificar el problema. Sin embargo, en una nueva denuncia dijo que el líquido vital no abastece.
Intervención
La Junta de Saneamiento ya fue intervenida en 2012 con la administración de Calixto Gómez, intervención que duró seis años hasta el 2018.
La interventora fue la abogada Dina Laterza de Sarubbi, quien ese entonces constató varias irregularidades, entre ellas que la deuda superaba los G. 300 millones, de los cuales G. 180 millones corresponden a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y G. 92 millones al Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa).
Además, desde 2012 ya había problemas con el abastecimiento de agua.