La denuncia formulada es por los hechos punibles de lesión de confianza, estafa y otros, por lo que solicitaron a la Dirección de Administración y Finanzas un allanamiento. El operativo se inició cerca del mediodía de hoy, viernes.
Los concejales se basaron en un documento del Ministerio de Hacienda que revela que el ejecutivo municipal cobró impuestos a los contribuyentes y no depositó el dinero producto de la recaudación. El artículo 169 de la Constitución Nacional establece: “Corresponderá a las municipalidades y a los departamentos la totalidad de los tributos que graven la propiedad inmueble en forma directa. Su recaudación será competencia de las municipalidades. El setenta por ciento de lo recaudado por cada municipalidad quedará en propiedad de la misma, el quince por ciento en la del departamento respectivo y el quince por ciento restante será distribuido entre las municipalidades de menores recursos, de acuerdo con la ley”.
El documento referido señala un faltante o un probable desvío de los fondos que debían ser transferidos. Se habla de un daño patrimonial de G. 10.832.753.136.
Sostienen que, como consecuencia de este faltante, la Municipalidad ha dejado de percibir recursos del Fonacide, juegos de azar y Royalties que totalizan G. 33.095.459.344 de los ejercicios fiscales 2018 y 2019.
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El pasado 22 de octubre, tras una incidentada sesión, los concejales aprobaron la intervención a la administración del intendente Armando Gómez (PLRA) por una serie de irregularidades, como la demora de entre tres y cuatro meses, además del supuesto malgasto del dinero de Fonacide en la merienda escolar y en la adjudicación de obras, arbitrariamente, por vía de la excepción (sin licitación), entre otros.
Fiscala llevó documentos
Al final del allanamiento, la fiscala Gladys González informó sobre los resultados del mismo.
Dijo que ahora se limitó a llevar toda la documentación hallada y que la próxima semana se acercarán a hacer un trabajo más minucioso. “Hicimos una comparación de ingresos de los años 2015 al 2019 (hasta octubre) y de acuerdo a eso estableceremos el ingreso total. Lo que la Junta denunció es que no se ha transferido el 30% que corresponde a Hacienda, a la Gobernación y a Catastro. Esos montos corresponden al 2017, 2018 y 2019”, detalló.
De acuerdo a la denuncia, hay un saldo pendiente de G. 2.000 millones. Luego de mirar a documentación pertinente, la investigadora pretende establecer dónde está ese dinero que no fue transferido.
Gladys González señaló que investiga los delitos de lesión de confianza, estafa y apropiación. La información que obtuvo será cotejada con los informes de auditoría y contabilidad.