El Gobierno retiró ayer el proyecto de ley que planteaba la aprobación del Acuerdo de Escazú, un documento que Paraguay firmó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores pero que aún no fue aprobado por el Congreso, como indica la Constitución.
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Marcelo Cousillas, docente uruguayo de derecho ambiental, y Ezequiel Santagada, presidente del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), quienes defienden el acuerdo, explicaron que éste busca la justicia en temas ambientales y la participación ciudadana en cuanto a temas de información pública.
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Sin embargo, para Héctor Cristaldo, quien conversó con radio ABC Cardinal este martes, el acuerdo podría imponer al Paraguay el cierre de los mercados extranjeros en favor de otros países que se beneficiarán de él. “Por una simple percepción de peligro te pueden cerrar los mercados”, indicó.
Cristaldo dijo estar de acuerdo con la producción sostenible en el campo, pero dijo que el Acuerdo de Escazú no contempló lo suficiente el aspecto económico. “(El acuerdo) tiene un enfoque en el aspecto socioambiental, pero se olvidaron de otros aspectos de la sostenibilidad social, económica”, aseguró.
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El presidente de la UGP lamentó que el documento haya sido puesto a la consideración de los gremios empresariales y del Gobierno en sí el jueves pasado. Reconoció “tener miedo” de que bajo un “maquillaje” se “meta un cuchillo”, en referencia al Acuerdo de Escazú.
“Cuando se pone un acuerdo que es el primero jurídicamente vinculante, denunciando a tus leyes nacionales y otras que afectan al comercio internacional, es peligroso (...) Creemos que merece una evaluación más profunda. Si se va a usar como una traba para el comercio, es un tema preocupante (...) Estamos preocupados en que existan trabas no arancelarias y afecte al comercio exterior paraguayo”, concluyó.