El hecho ocurrió en San Ignacio Guazú, departamento de Misiones. En el informe psicológico y victimológico de la Fiscalía, la víctima relata que su abuelo paterno, de 63 años, la manoseó en sus partes íntimas en varias ocasiones.
La niña de 10 años también le contó a la psicóloga Patrocinia Benítez que su abuelo la invitaba a acostarse con él en la cama para jugar “a la doctora”. Era un engaño a fin de que el autor pueda aprovecharse sexualmente de su nieta, indica la evaluación forense.
Otro punto resaltante de las pesquisas es que la niña reveló indicios de que el hombre también habría abusado o intentado abusar de una prima de ella, igualmente nieta del sospechoso, pero esta última huía del abuelo por los manoseos y abusos.
La denuncia la hizo ante la Fiscalía la madre de la víctima (y nuera del sospechoso) el 24 de julio pasado, tras notar una conducta extraña en su hija. Al indagar, la pequeña le contó llorando lo que le hacía su abuelo, de acuerdo al acta de imputación presentada el 22 de octubre pasado ante el Juzgado Penal de Garantías. La investigación está a cargo de la fiscala de la Fiscalía Zonal de San Juan Bautista, Mirtha Valle Medina.
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La madre brindó también una declaración indagatoria que, junto al informe médico y psicológico, acompaña la imputación por el supuesto delito de abuso sexual en niños. La agente fiscal también pidió prisión preventiva, en tanto que la abogada María Verónica Martínez Pérez, quien representa al supuesto autor, se opuso.
Arresto domiciliario
El 29 de octubre, el juez penal de garantías Julián Antonio Camacho Núñez aceptó la imputación, pero no hizo lugar a la prisión preventiva. En su auto interlocutorio, el N° 1.350/19, el magistrado argumentó que “el peligro de fuga puede evitarse con la aplicación de medidas menos gravosas a la prisión preventiva”.
El juez dictó arresto domiciliario en su casa en la localidad de San Ignacio y agregó que “no hay modo por el cual el mismo (el imputado) pueda entorpecer la investigación, ni obstruir los medios de prueba”. Asimismo, impuso un fianza de G. 250 millones que se cubrió con un bien inmueble.
La Fiscalía apeló el fallo del juez Julián Camacho, pero el trámite se retrasó debido a la huelga judicial. Igualmente, trascendió que la abogada defensora María Martínez impugnó a varios jueces, pero serían simplemente chicanas para dilatar un eventual revés y que su cliente sea llevado a prisión.
El hecho punible, con el agravante de haber abusado de la víctima en varias ocasiones, tiene una expectativa de 10 a 15 años de prisión, de acuerdo al Art. 135a del Código Penal. Si también se suma el agravante de abusar sexualmente a un niño o niña “cuya educación, tutela o guarda” estaba a cargo del autor, la pena establecida es de 15 a 20 años de cárcel.
