Grilletes electrónicos no serían solución contra potenciales feminicidas

El plan piloto para la aplicación de los grilletes electrónicos, un mecanismo tecnológico para controlar el cumplimiento de las medidas alternativas a la prisión, no es aplicable para los casos de violencia familiar, que muchas veces desencadenan en feminicidios. La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, explicó que la violencia doméstica, al ser un crimen y no un delito, impide que acusados por violencia intrafamiliar sean beneficiarios del uso de los grilletes electrónicos.

Tobilleras o "grilletes" electrónicos para el control de internos con medidas alternativas a la prisión.
Tobilleras o "grilletes" electrónicos para el control de internos con medidas alternativas a la prisión.Archivo, ABC Color

La violencia intrafamiliar es uno de los problemas más complejos para el sistema de justicia de nuestro país, ya que es uno de los principales motivos por los que se ingresa a personas en las prisiones, ya de por sí superpobladas de nuestro país. Por otra parte, al no haber más espacio, muchas veces el Ministerio de Justicia comunica eso al Juzgado, que procede a otorgar medidas alternativas a la prisión, pero ante la imposibilidad de la Policía de controlar 24 horas a los imputados por estos delitos, suele ocurrir que éstos llegan hasta sus parejas y cometan delitos más graves, como el feminicidio.

“Violencia familiar como hecho punible no se va a poder aplicar (en el programa de beneficiados con grilletes electrónicos), porque está considerado como un crimen”, explicó Pérez en visita al programa Crimen y Castigo de ABC TV. La ley actual de esta manera impide que los crímenes, es decir, todo hecho punible que tenga expectativa de pena mayor a 5 años de prisión, sean pasibles de recibir como beneficio, las medidas alternativas a la prisión.

“Habría que actualizar esta ley, pero ahora lo vamos a saber (si es factible). Porque la ley habla de los hechos punibles (tipos de delitos que pueden ser beneficiados), habla de temas procesales y de ejecución de la condena (es decir, por ejemplo, lo que ya cumplieron la pena mínima sin condena) y también está incluida la Ley 1600, que es la de violencia doméstica, pero el proceso dentro del Juzgado de Paz”, indicó la ministra. Explicó que una vez que el Juzgado de Paz remite las denuncias de violencia doméstica a la Fiscalía, ésta inmediatamente está obligada a pedir la prisión del acusado.

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“Seguimos teniendo aumento de personas privadas de libertad por estos hechos de violencia familiar, y no te digo por el hecho de agresiones, sino discusiones donde se levanta la voz, el vecino llama, se le imputa y ya va preso. El tema de la resistencia, u otro tema, una supuesta estafa que resultó un tema civil, entonces este tipo de casos seguimos recibiendo y tenemos un problema porque nosotros no podemos cuestionar al juez y decirle: No dicten más la prisión preventiva, sino simplemente le decimos no tenemos más lugar”, comentó Pérez sobre la problemática que generan estos casos.

De hecho, así como los casos de violencia doméstica, otros más graves como narcotráfico, asesinatos, lavado de dinero y demás no son pasibles de beneficiarse con los grilletes electrónicos. Un requisito excluyente es que el eventual beneficiado no tenga una causa anterior o condena por otro casos, es decir, tiene que ser su primer delito.

También se establece la realización de una prueba psicológica y siempre debe primar el criterio del juez y el fiscal, quienes se pueden oponer al otorgamiento de una medida alternativa a la prisión. “Existe la posibilidad que el juez determine el nivel de peligrosidad a pesar del tipo de hecho punible”, comentó la ministra sobre uno de los protocolos establecidos en la legislación.

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¿Cuanto cuesta y quién debe pagar?

Otro tema controversial es quién paga para que un interno que cometió un delito no vaya a prisión y pueda estar en su casa con el grillete electrónico, que podría considerarse un “beneficio”. La ministra explicó que ese no es un tema menor, puesto que así como el presunto delincuente debería de solventar el costo del grillete electrónico, la cuestión económica tampoco debería de ser impedimento. Es decir, “no se puede discriminar y a la persona que es pobre, no darle porque es pobre”, destacó Pérez.

Una alternativa que considera para los que no tienen dinero para costear el servicio de los grilletes electrónicos es que los procesados se declaren insolventes y soliciten un defensor público, para que el propio Ministerio de la Defensa Pública pague de su presupuesto.

Ricardo Sasiain, representante del Consorcio Spacecom, una de las empresas que prestó sus equipos para el plan piloto que se aplica en nuestro país, indicó que el costo mensual de cada grillete electrónico es de unos G. 3.200.000 aproximadamente. “US$ 500 dólares por mes por cada persona que tenga el uso del brazalete, estimativo, no es nada que está terminado”, estimó el empresario sobre el costo del servicio, que incluye desde el precio del equipo hasta el pago del personal para el monitoreo que es de 24 horas, todos los días de la semana.

Esta empresa aún no es la adjudicada para prestar el servicio, sino que es la primera que prestó sus equipos para que se realizaran las pruebas de factibilidad. Entre los principales puntos que el sistema debe demostrar es que es eficaz, figura que, por ejemplo, el equipo alerte inmediatamente si está tratando de ser violado o desactivado. En el caso de intento de fuga del interno, se debe de emitir una alerta a la Policía Nacional para que aprehenda al sospechoso que intenta violentar su régimen de medidas alternativas a la prisión.

Pérez destacó que está a prueba no solo la capacidad de la empresa de alertar rápidamente, sino también la reacción que pueda tener la Policía. “En este caso tenemos que trabajar con la empresa y con la Policía Nacional. Nosotros podemos tener el monitoreo, es decir, si tenemos la tecnología del monitoreo, pero si no logramos la rápida acción de la Policia, no sirve”, destacó la titular del Ministerio de Justicia.

Sasiain destacó que la tecnología que ellos proponen ya se aplica exitosamente en el Brasil y con una cantidad mucho mayor de internos.

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