De acuerdo a lo explicado por el titular del Ministerio de Hacienda en contacto con ABC Cardinal este jueves, la medida adoptada en la resolución N° 479, por la cual se prohíbe los pagos complementarios, no recorta el salario de ningún funcionario ni elimina conceptos de pago, sino que solo limita los beneficios “en función a la experiencia” del año 2019 y las numerosas críticas de la ciudadanía.
“La idea es enfocarnos en mejorar la calidad del gasto y generar recursos para inversión. Es un primer paso. Este decreto es absolutamente legal y debería ser acatado. Estamos hablando con todos los presidentes de entes para entender sus problemas”, expresó Benigno López.
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Al ministro le llama la atención que el decreto no haya generado cuestionamientos más allá de las empresas públicas. “Eso quiere decir que el resto del Estado está funcionando adecuadamente”, remarcó.
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Convencido de mejorar el gasto
Afirmó que está convencido de que este es el año en que se debe “mejorar cómo gastamos el dinero de los contribuyentes”.
Advirtió que si no se toman medidas correctas para convertirnos en un país con un crecimiento más eficiente, podríamos transformarnos en “un país más populista donde lo único que haríamos es pagar salarios, y eso no queremos”.
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Ejemplificó lo que dicta el decreto, diciendo que lo que se hará con la restricción es que no pueda superarse lo que se cobró el año pasado. “Si el año pasado cobramos alrededor de 6 millones en beneficios y eso generó una reacción importante en la ciudadanía, más de eso es difícil de sostener este año en ninguna entidad”, indicó.
Aseguró que no está en su ánimo confrontar con los sindicatos, pero que sí es cierto que “tenemos que adecuarnos a una realidad socioeconómica”.
Abierto a conversar
Aseguró que si realmente se tocó algún beneficio importante que tiene razonamiento, tampoco rehuirá a escuchar a los sectores. “No somos tercos, veremos cómo ir reponiendo en la conversación”, dijo.
Se preguntó por qué razón quienes cuestionan el decreto no van a los tribunales. “Las discusiones jurídicas se resuelven en tribunales. ¿Por qué usan la fuerza, la amenaza? Lo que hicieron en el Banco Central ayer es lamentable, me sorprendió”, comentó.
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Recalcó que justamente el Banco Central ha hecho una migración salarial importante. “Queremos saber qué genera este tipo de reacción”, agregó.
Al consultársele hasta qué punto son legales los contratos colectivos, respondió que rigen en la medida en que estén homologados por el Ministerio del Trabajo y la Secretearía de la Función Pública.
“No son eternos, no están escritos sobre hierro, se renegocian históricamente. Puede haber cambiado la situación. Ahora, si están en orden la discusión debería ser judicial y no en la calle”, señaló López.
Reconoció que en base a los datos que maneja “efectivamente el Estado paga mal”. “Paga mucho en lugares donde no hay capacidad para prestar servicios que se requiere y donde está la gente calificada los salarios son bajos”, lamentó.
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Anunció que se encuentra trabajando en una nueva ley del servicio civil en la que se pondrán condiciones “para un país eficiente”.
“No podemos seguir creciendo en beneficios a costa de la prestación del servicio. Casi todos los recursos van a salarios. Tenemos que escuchar lo que nos dicen, le molesta a la gente. El decreto no está mal, el diálogo tiene que resolver esta situación”, remarcó.
Sobre el posible “chantaje electoral”
En cuanto a la posibilidad de que exista un “chantaje electoral”, teniendo en cuenta que estamos en un año de elecciones y los sindicalistas podrían amenazar con no votar a los candidatos si se les quitan los beneficios, López se limitó a responder que “eso funcionaba antes”.
“La ciudadanía va a ver qué hacemos nosotros con los recursos que les sacamos a ustedes. Tenemos que darles respuestas a los contribuyentes y a los que trabajan”, dijo.
Por otro lado, mencionó que los pagos realizados no son aguinaldos extra, sino que se pagan montos que no sobrepasan el salario mínimo legal, cuando los niveles salariales en el Ministerio de Hacienda son todos por arriba de los G. 6 millones.
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“Hacienda paga un subsidio familiar, un subsidio por vacaciones y uno por escolaridad. Son tres salarios mínimos en total como tope en el año. Esos beneficios se pagan en todo el Estado y pagan mucho más que Hacienda. La crítica es porque Hacienda es la que dicta la norma. Ese aguinaldo extra fue suspendido en el 2016, en esa época sí se pagaban dos salarios más, pero nunca más se pagó”, remarcó el ministro.
Según López, hay tres entidades que tiene problemas y al resto “no le afecta más allá de la solidaridad. La ANDE, el BCP y Petropar están afectados. Los demás están discutiendo básicamente el salario 14 que está prohibido desde el 2016”, finalizó.