Los miembros de la Coordinadora de Magistrados de la Niñez y la Adolescencia y penal de la Adolescencia del Paraguay se reunieron esta mañana para analizar la recientemente promulgada Ley 6486/20, “De promoción y protección del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir familia, que regula las medidas de cuidados alternativos y la adopción”.
Tras un largo debate, concluyeron que la normativa presenta “grandes desafíos” de índole procesal y de coordinación interinstitucional, entre organizaciones sociales y jurisdiccionales. Celebraron que la ley determine las competencias de cada actor, pero expresaron su “profunda preocupación” por la falta de recursos de las instituciones involucradas en la aplicación de la ley que irremediablemente afectará “la celeridad del proceso”.
En ese sentido, aseguraron que la carencia de recursos afectará la capacidad de cada institución en perjuicio del derecho del niño a vivir en familia, biológica o adoptiva. La doctora Rosa Yambay, presidenta de la Coordinadora, señaló que las tres instituciones involucradas por la ley carecen de equipos técnicos especializados y requieren con urgencia asesores de Justicia especializados. Destacó que la contratación de dicho personal está previsto desde el Código de la Niñez, pero hasta la fecha siguen sin ser concretado.
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Añadió, por ejemplo, que la Dirección de Cuidados Alternativos de la Niñez apenas cuenta con dos funcionarios que ahora deben estar a cargo del proceso de búsqueda y localización de la familia nuclear o ampliada de los niños o adolescentes, que anteriormente se llevaba a cabo en un plazo de 180 días corridos, pero con la nueva ley ese tiempo se redujo a 45 días.
Reiteró que, pese a que los Magistrados tengan todas las intenciones de cumplir con la normativa, no están en condiciones de cumplir los plazos procesales si no cuentan con recursos mínimos como infraestructura, vehículos, combustible o fondos para pagar horas extras al personal en caso de que sea necesario.
De acuerdo a la percepción de los magistrados, se los “colocará ante la opinión pública como únicos responsables del retraso, exponiéndolos incluso a sanciones disciplinarias como al escrache público, por una mora no imputable al Juzgado”.
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“La Justicia siempre va a tardar si no tenemos los recursos adecuados. Queremos que se haga entender al Ejecutivo y al Parlamento que sin recursos no podemos trabajar”, añadió Yambay.
Por ello, los magistrados reclamaron a las autoridades competentes la provisión urgente de presupuesto a la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Defensa Pública como al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, para dotar a cada institución de equipos asesores e infraestructura necesaria.
Finalmente, se comprometieron a elaborar un manual práctico para la aplicación eficiente de la ley, con criterios unificados, en lo pertinente, en todos los juzgados de la Niñez y la Adolescencia del país.
El proyecto de ley fue aprobado con modificaciones por la Cámara de Senadores el 5 de noviembre de 2019, y quedó sancionado sin cambios por Diputados el 17 de diciembre de 2019. El Ejecutivo publicó la promulgación el 4 de febrero de ese año.