El efectivo militar Pablo Antonio Osorio, que prestaba servicio en un albergue para cuarentena de repatriados en Ciudad del Este, visitó entre el 15 y el 18 de mayo el distrito de San Roque González, donde visitó a familiares y participó de un velatorio.
La defensa del militar solicitó prisión domiciliaria durante la audiencia de imposición de medidas, pero el juez Hilario Bustos rechazó el pedido y decretó que el militar guarde prisión en Viñas Cue, según solicitó el fiscal Darío Villagra.
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El militar, de 31 años de edad, es sospechoso de ser el principal nexo del contagio masivo de COVID-19 que afectó hasta el momento a 68 personas en San Roque González, además de otras cinco personas en Carapeguá que tuvieron contacto con los familiares del militar, que también recibieron un diagnóstico positivo de la enfermedad.
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También fueron imputados por violación de la cuarentena la viuda y el hijo de la persona a cuyo velatorio acudió el militar.