Proponen ley para que condenados por corrupción no puedan candidatarse para la función pública

El proyecto de ley pretende lograr la inhabilitación para candidatos a cargos electivos a aquellas personas que tengan condenas por corrupción o delitos vinculados; esto sería a través de una pena complementaria que podría adherirse a la sanción principal. De esta manera solo personas con buenos antecedentes en la gestión pública podrán seguir ocupando cargos electivos.

Ciudadano exige fin de la corrupción.
Ciudadano exige fin de la corrupción.Desiré Cabrera, corresponsal.

La propuesta fue presentada por el diputado colorado Raúl Latorre en conferencia de prensa, en la cual detalló que el texto establece que las personas condenadas por corrupción o delitos conexos tengan una pena complementaria que las inhabilita para candidatarse a cargos electivos como de senadores, diputados, intendentes y concejales.

De esta manera, el magistrado a cargo de dictar la condena podrá imponer la pena complementaria de la inhabilitación a pedido del Ministerio Público. No obstante, aclara que la sanción no es permanente sino que como mínimo podrá abarcar el tiempo que dure la sanción principal y como máximo hasta 20 años posteriores al cumplimiento de la condena principal.

La propuesta apunta a que el parámetro de aplicar o no la pena complementaria así como el tiempo por el cual se extenderá se basará en el 65 del Código Penal, así como en la jerarquía del autor en la función pública.

“Así como existen personas que defraudan la confianza de la gente, también existen paraguayos formados, responsables y honestos que esperan ocupar estos espacios; de eso se trata este proyecto de Manos Limpias, que quienes lo merezcan puedan ocupar los cargos y conducir esta nación como se debe y hacia donde debe ser conducida”, expresó.

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En ese contexto, sostuvo que realizará audiencias de manera virtual para dar a conocer el documento con los distintos actores involucrados, mientras que se realice su estudio respectivo en comisiones.

Cabe resaltar que en plena pandemia de COVID-19 saltaron hechos de posible corrupción en el marco de las compras de insumos en varias instituciones del Estado. No obstante, los procesos en el país para condenar a los corruptos son largos y muchas veces terminan sin condena o con sanciones muy leves.

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