La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tiene la responsabilidad de estudiar el pedido de anulación del Decreto 7409 que otorga a la Municipalidad de Ñemby el título de propiedad sobre seis hectáreas del cerro que lleva el nombre de la ciudad.
La acción de inconstitucionalidad contra aquel decreto fue presentada por la empresa Concret Mix, con la intención de recuperar el cerro y reabrir la cantera que allí funcionaba. La sala constitucional está integrada por los ministros Juan Manuel Diesel, Gladys Bareiro y Antonio Fretes; se aguarda la decisión final para el transcurso de la semana.
El 4 de julio de 2017, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto número 7409 otorgando al municipio de Ñemby la titularidad sobre seis hectáras del cerro. Concret Mix pretende la anulación de ese decreto y así recuperar la cantera para seguir su explotación.
Continuar con la extracción de piedras implica la destrucción definitiva de un espacio que se convirtió en el principal centro cultural y ecológico de la ciudad.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La Fiscalía General del Estado presentó ante la Corte Suprema un dictamen en contra del pedido de Concret Mix. El agente fiscal Édgar Moreno firmó el 19 de abril de 2018 el dictamen 623 expresando su oposición a la solicitud de la empresa.
El dictamen 623 sostiene que “Concret Mix no tiene legitimidad en la acción de inconstitucionalidad. La empresa no demostró que haya sido perjudicada en su derecho o bien jurídico”.
Se niega a aceptar final del contrato
La compañía Concret Mix firmó un contrato de alquiler con el Estado paraguayo para convertir el cerro Ñemby en una cantera.
El contrato feneció el 28 de mayo de 2016. El Ministerio de Obras Públicas no renovó el acuerdo y el Poder Ejecutivo resolvió devolver a Ñemby el cerro que le pertenece.
En ese ínterin, Concret Mix logró que Salyn Buzarquis, entonces ministro de Obras Públicas, firme una adenda al contrato original de alquiler para extender la explotación de piedra en el lugar.
El documento suscrito por Buzarquis no fue aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo como obliga nuestro marco jurídico.
El contrato inicial se firmó el 19 de enero de 1962, fue aprobado por el Decreto 20165 y cada tres años era objeto de renovación.
La adenda firmada por Salyn Buzarquis establecía un contrato por 10 años, pero no tiene el respaldo de un decreto presidencial y el documento no está fechado; el espacio destinado a fecha y año está en blanco.
Reabrir la cantera
La adenda presentada por Concret Mix no figura en los archivos del Ministerio de Obras Públicas, es un documento firmado por Buzarquis sin respaldo alguno; se teme que haya sido resultado de pagos irregulares al político liberal.
Concret Mix pretende anular el decreto que otorga el título de propiedad a la Municipalidad de Ñemby, para luego pedir la nulidad del documento.
El municipio tiene la propiedad de 6 hectáreas, la posesión de otras 56 y mantiene un litigio sobre 16 hectáreas donde Concret Mix tiene instalada su oficina central.