Los sentenciados son Carlos Alberto Chávez, condenado a siete años de pena privativa de libertad; mientras que Rosalino Ramón Ruíz Gómez, Gustavo Ramón Benítez Brítez, Tomás Algarín Sotelo, Armindo Ismael González y Pedro José Vera Cohene a seis años de cárcel, todos de la Penitenciaría de Tacumbú. Por su parte, una mujer que los ayudaba con el esquema, Ninfa Mancuello Escobar, fue condenada a dos años de prisión.
El encargado de llevar a cabo la investigación fue el fiscal Federico Delfino de la Unidad Penal Especializada en Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas – Antisecuestro y Antiterrorismo, quien en representación del Ministerio Público los acuso por los hechos punibles de coacción, coacción grave, extorsión, extorsión agravada, estafa y asociación criminal.
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Según el Ministerio Público, Carlos Alberto Chávez y los demás reos habrían conformado un esquema criminal para conseguir dinero a través de llamadas telefónicas. El mismo era quien llamaba a las víctimas, mientras que la mujer también condenada en la fecha se encargaba de efectivizar el dinero de los giros recibido.
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Un caso particular, hace referencia al de abril del 2017 cuando Chávez se comunicó con una de las víctimas a las 16:40 aproximadamente e imitando una voz femenina para hacerse pasar por una mujer, quien –entre llantos y a los gritos– dijo estar secuestrada. El hombre que recibió la llamada, en un momento de confusión realmente pensó que se trataba de su esposa.
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Luego ya con voz masculina alguien manifestó al teléfono que su pareja e hijo estaban secuestrados y le exigió una suma de dinero, que debía ser girada a través de una telefonía a fin de liberar supuestamente a su familia. La víctima procedió a realizar varios giros de dinero, que en total llegaron a G. 23.400.000.
Chávez, justamente había sido derivado al penal, en octubre de 2016 (con 24 años), por extorsión y asociación criminal junto a otras dos personas, con quienes se hacía pasar por miembros de la banda delictiva, EPP. En ese entonces habían amenazado a dos mujeres y logrado un giro de G. 45 millones en total.
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Por otra parte, cabe recordar en la fecha, en dicho penal donde se produjeron estos ilícitos, se confirmaron dos casos de COVID-19, por lo que se activó todo un protocolo sanitario.