La Comisión Bicameral del Congreso, que investiga el fallido proyecto del metrobús, presentó ayer un informe preliminar de las pesquisas que vienen realizando desde hace más de un año y las conclusiones revelaron el manejo desprolijo con el que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) llevó adelante la frustrada obra.
El diputado Édgar Acosta, relator de la mencionada comisión, presentó a los parlamentarios algunas de las irregularidades detectadas, las cuáles deben ser analizadas esta semana por los integrantes del colegiado, para que después se pueda concluir con un dictamen final, cuyo plazo vence el 14 de agosto. Entre los resultados arrimados, Acosta señaló que el proyecto del metrobús se aprobó sin que existiera un Plan de Gestión Ambiental (PGAS) y con ello se incumplió con una de las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo - BID (la B.5), financista de la obra, basado en información de base sobre potenciales afectados. Asimismo, agregó que el BID estuvo al tanto de las denuncias por parte de frentistas (ya en fecha 17/05/2016), es decir antes de la fecha en que tuvo lugar la orden de inicio de las obras (26/08/2016), y bajo estas condiciones se dio la autorización del MOPC para la puesta en marcha de los trabajos.
Por otro lado, el relator resaltó que la franja de dominio no estaba liberada, pese a constituir una condición contractual para iniciar los trabajos. Asimismo, indicó que se dio orden de inicio de las obras sin contar con un diseño del proyecto.
A su vez, indicó que la inclusión de la zanja técnica (para cableado subterráneo), a través de la adenda al contrato Nº 4, constituyó una decisión unilateral del MOPC, con múltiples consecuencias en la operatividad de las obras. “Esta ampliación con la empresa Mota Engil representó el 34% en su contrato principal, de lo cual el 70% correspondió a la zanja técnica, más la ampliación que significó en plazos, sumado a otra ampliación del 33% de la empresa fiscalizadora, lo que generó imprevisiones económicas, técnicas y presupuestarias”, resalta entre las conclusiones del relator. Igualmente, agregó, que el MOPC informó que solo existió un subcontratista –la empresa Ocho A, de Luis Pettengill–, que más tarde fue excluida por adenda, mientras que Mota Engil afirmó ante la Comisión Bicameral sobre la existencia de más empresas subcontratadas, existiendo por tanto “un abierto incumplimiento a las cláusulas contractuales y un evidente fallo en el sistema de supervisión, fiscalización y control interno de Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) del MOPC”.
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Al mismo tiempo aseveró que la cartera de obras públicas no realizó las previsiones presupuestarias correspondientes para el pago del ítem “zanja técnica” y que dichas obras se iniciaron antes de la autorización formal por parte del MOPC, utilizando pagos en concepto de gastos de contingencia.
Por último resaltó que no se verificó actuaciones de la administración actual del MOPC, que impliquen la decisión de deslindar responsabilidades por las falencias incurridas en el proceso. “La planificación, organización, ejecución y control del programa metrobús exhibió notorias faltas de coordinación en su gerenciamiento y estructura”, dijo.
Acosta pidió a sus colegas que cuando concluyan el dictamen el mismo debe ser remitido al Ministerio Público para una investigación más exhaustiva. Los legisladores quedaron en reunirse nuevamente el lunes próximo para concluir el informe. La Comisión está presidida por el diputado Ramón Romero Roa (ANR), la vicepresidenta es la senadora Zulma Gómez (PLRA), el relator es Édgar Acosta (PLRA) y miembros son senadores Amado Florentín (PLRA) y Enrique Bacchetta (ANR) y diputado Hernán Rivas (ANR).