Registro Público desnuda corrupción, pero los jueces hacen la vista gorda

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Pedro Chávez, intendente de Otaño, daría apoyo logístico.
Pedro Chávez, intendente de Otaño, daría apoyo logístico.

El juez Miguel Riquelme, de Yuty, entregó la posesión de un inmueble en Otaño, Itapúa. El magistrado otorgó validez a un contrato de arrendamiento firmado sobre un título falso. La denuncia de falsificación fue realizada por el Registro Público, inclusive hay imputados en el caso.

El juez Miguel Ángel Riquelme, responsable del juzgado multifuero de Yuty, departamento de Caazapá, se trasladó a la localidad de Mayor Otaño, Itapúa, para entregar la posesión de un inmueble fuera de su jurisdicción.

El 4 de agosto último, a las 16 horas, el juez Riquelme llegó al distrito de Otaño en compañía del señor Roberto Duarte Vázquez.

El juez Riquelme, personalmente, sin mandamiento alguno ni oficio a la Policía Nacional, entregó a Duarte Vázquez la posesión de un inmueble de 500 hectáreas con cultivos mecanizados de granos, en avanzado crecimiento.

La solicitud de entrega del inmueble fue presentada por el exjuez Miguel Ángel Cárdenas, de Coronel Oviedo, muy amigo suyo.

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La propiedad pertenece en forma legítima a Verena Reymann Kauffman y sus hijos, Georg y Michel, ciudadanos alemanes que llegaron a nuestro país hace 30 años como inversionistas.

En noviembre de 2018 el cónsul honorario de Alemania en Ciudad del Este expresó preocupación por la falsificación de un título sobre el inmueble legítimo de los Kauffman.

Registro Público confirma falsedad del título

La Dirección General de Registro Público tiene plena confirmación de que el título que se presentó al juez multifuero de Yuty es falso.

El 2 de enero de 2019, el Registro Público presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado solicitando la investigación del título de propiedad de la firma Barco SA sobre un inmueble en Mayor Otaño.

El Ministerio Público abrió una carpeta fiscal. Se detectó que el título de propiedad de Barcos SA fue firmado por un muerto.

A raíz de esta situación están imputados por falsificación de documento público la escribana Graciela Villamayor, Sebastián González, Vicente Gómez de la Fuente y Eulogio Vázquez Bogado.

La jueza Mafalda Cameron Luque, titular del juzgado civil del noveno turno, de Asunción, impuso medidas cautelares sobre el inmueble consistentes en prohibición de innovar y de firma de contratos. Ambas disposiciones fueron inscriptas en el Registro Público.

A pesar de la imputación de sus directivos y de la expresa prohibición de innovar, Barcos SA negoció el título de propiedad falso.

El 26 de junio pasado vendió el documento falso al señor Roberto Benítez Báez docente en Mayor Otaño.

El juez Riquelme admitió como válido un contrato de arrendamiento con fecha 9 de junio último, firmado entre Roberto Benítez Báez y su yerno Roberto Duarte Vázquez, quién acompañó al magistrado en la toma de posesión del inmueble.

El profesor Roberto Benítez Báez, antes de ser dueño de la tierra, ya alquiló las 500 hectáreas a su yerno.

Invasión del inmueble

El juez Miguel Ángel Riquelme estuvo acompañado de 50 campesinos de un asentamiento vecino quienes ingresaron en el inmueble.

El grupo está liderado por Michael Saenger, un conocido “contratista” de campesinos dispuestos a invadir propiedades en Itapúa a cambio de dinero.

El magistrado multifuero violó en forma abierta la disposición de la jueza de la causa y entregó un inmueble que surge de un documento falso tal como lo acreditó el Registro Público, de allí la imputación de los supuestos responsables de la falsificación. El Jurado de Magistrados debería tomar cartas en el asunto.

El intendente de Otaño, Pedro Chávez, estaría facilitando apoyo logístico a los invasores.

roque@abc.com.py