El ministro Durand respondió que “está estudiando” un reglamento interno que permita la participación de más empresas, mediante una distribución más equitativa, como parte del plan de reactivación económica del Gobierno. Indicó que las novedades estarían listas para setiembre, pero evitó precisar detalles en cuanto a su funcionamiento.
De ser así, el Gobierno estaría atendiendo el reclamo de empresarios del rubro de la construcción, quienes exigen transparencia en la designación de las firmas que se encargan de edificar las viviendas sociales del programa del Fondo Nacional de Viviendas (Fonavis).
José Luis Heisecke, presidente de la Cámara Paraguaya de Construcción (Capaco), afirmó que en reiteradas ocasiones pidieron al ministro Durand mayor apertura en las adjudicaciones de viviendas sociales, pero que hasta el momento eso no se tradujo en hechos.
El presidente Mario Abdo Benítez planifica destinar US$ 40 millones en construcción de casas, aplicando la Ley N° 3637 del Fonavis. El programa permite transferencias directas, sin concurso, a organizaciones de “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)”, que son las que eligen a la constructoras, pero sin ningún control ciudadano.
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Para que las firmas sean elegibles, son previamente habilitadas por la institución Sin embargo, hay sospechas sobre la transparencia en el proceso. ABC divulgó varios casos en los que reflejan que existirían intereses en las adjudicaciones (ver cuadro).
Falta de transparencia
El ministro Durand evita responder acerca de flexibilizaciones otorgadas a los SAT, tales como en los requisitos técnicos y sociales en el marco de la pandemia, sin establecer los criterios de aplicación. Tampoco socializa esos detalles en el portal de la institución y se están por cumplir dos semanas de espera de respuesta del expediente N° 33.303 de Acceso a la Información Pública.
Además, al no existir un mecanismo de control ciudadano, tal como se da con la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas, tampoco es posible conocer el estado de los procesos, los adjudicados y su historial de cumplimiento, así de como de sanciones, si las hubo.
La institución no divulga de forma clara ni amigable los datos sensibles y relevantes sobre las especificaciones técnicas de las casas, con los informes del avance de cada casa, para que cualquier ciudadano pueda verificar –sin burocracias– el destino de sus impuestos, que son los pagos a las proveedoras.
Hoy solo se encuentra un “nuevo” mapa de viviendas, con escuálida información de las obras. El sistema no proporciona los precios unitarios de las casas ni los informes de los fiscalizadores, con fotografías, que facilite visualizar y así, cotejar que el valor de la construcción es tal como dice en las documentaciones.
La falta de transparencia podría confirmar que la actual gestión paga más caro por las viviendas sin que esto se traduzca en más calidad, sino que al contrario.