En una nota presentada a la jueza de ejecución de sentencia María Teresa Ruiz Díaz, la ministra de la Senabico, Teresa Rojas, solicita la intervención del Ministerio Público a los efectos de investigar y determinar responsabilidades en la enajenación de los bienes del testaferro del narcotraficante brasileño Iván Mendes Mesquita.
Rojas hizo dicha solicitud en ocasión de requerir medidas cautelares sobre los bienes que aún se encuentran a nombre de los condenados Leoncio Marecos y su esposa Zulma Ríos de Marecos.
Para precautelar los intereses del Estado paraguayo respecto a los cinco inmuebles que siguen registrados a nombre de los condenados, la jueza Ruiz Díaz decretó la prohibición de innovar sobre los mismos. Se trata de las fincas Nº 14.941 y 13.798 de Limpio, inscriptas a nombre de Zulma Ríos, y las fincas Nº 3.481 y 10.314, de Villa Elisa, y Nº 21.908, del Chaco, todas registradas a nombre de Marecos.
La sentencia Nº 229, dictada el 14 de agosto del 2007, condenó a Leoncio Marecos a 20 años de cárcel por tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación criminal, a su esposa Zulma Ríos de Marecos a 10 años de pena privativa de libertad por lavado de dinero y asociación criminal.
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El Tribunal dispuso además el comiso de 21 propiedades ubicadas en la capital y distintas localidades del país que se encontraban registradas a nombre de los condenados.
El oficio correspondiente se libró el 25 de setiembre del mismo año a la Dirección General de los Registros Públicos. Como el proceso se inició en noviembre del 2004, era de esperarse que dichos inmuebles se encontraran embargados, puesto que este tipo de medidas cautelares se dictan generalmente al inicio del proceso.
No se sabe si tal embargo no se dictó, si se dictó y no se cumplió o se cumplió y posteriormente se levantó, pero lo cierto y lo concreto es que ahora que la Procuraduría General de la República inició las gestiones para la inclusión de dichos bienes al patrimonio estatal, se encuentra que solamente están a nombre de los condenados cinco inmuebles de las 21 propiedades comisadas.
Precisamente para aclarar esta situación, la ministra de la Senabico, Teresa Rojas, solicitó la remisión de los antecedentes del caso a la Fiscalía, para la investigación correspondiente e identificación de los responsables de la situación, que podrían responder ante la justicia por lavado de dinero y frustración de la ejecución penal.
“(...) se solicita (que) se ponga a conocimiento del Ministerio Público la posible comisión del delito de lavado de dinero, previsto en el art. 196 del Código Penal por la frustración del comiso de los inmuebles fincas Nº 450, 4.458 y 2.622 del distrito de Villeta; Nº 11.339, 2.653, 6.323, 14.633, 22.255, 14.788, 14.663, 623, 2.111, 4.602, del Chaco; Nº 22.500 y 22.501 de Fernando de la Mora y Nº 11.607 de Recoleta, las cuales ya fueron enajenadas por los condenados”, señala Rojas.
Captura y extradición
Esta causa se inició tras la aprehensión del narcotraficante brasileño Iván Mendes Mesquita en un procedimiento realizado el 24 de noviembre de 2004 en la estancia Ko’êju, localidad de Carmelo Peralta, Alto Paraguay, oportunidad en que se incautaron 262 kilos de cocaína de alta pureza.
Además de Mendes Mesquita –posteriormente extraditado a los Estados Unidos, donde fue condenado a 8 años de prisión– también fueron detenidos allí los brasileños Pedro Eder de Ferrato y Nelio Alves de Oliveira y el indígena Lauro Díaz.
La investigación realizada por el entonces fiscal Francisco de Vargas identificó a Leoncio Marecos y su esposa como testaferros del narco, pues no pudieron justificar el origen de US$ 15 millones que incrementaron su patrimonio en cuatro años. En el mismo juicio, Ferrato y Alves de Oliveira fueron sentenciados a 15 años de cárcel y Díaz a 8 años de cárcel, por narcotráfico.