El proyecto de ley fue sancionado por el Congreso Nacional el 26 de agosto pasado. La iniciativa pretendía que las personas que cultiven y procesen la marihuana para uso medicinal no puedan ir a la cárcel por ello, siempre y cuando cuenten con la autorización de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y de un certificado médico visado por el Ministerio de Salud que certifique que la persona o a quien representa padece de dolencias tratables con cannabis medicinal.
Entre los argumentos, el Poder Ejecutivo para el veto total, refiere que el proyecto de ley “no se enmarca en los compromisos asumidos por el Paraguay como Estado Parte de la Convención Única de Estupefacientes y, en concordancia con el artículo 137 de la Constitución de la República del Paraguay, por el cual se establece el Ordenamiento Jurídico Nacional, para la puesta en vigencia de esta propuesta, debe realizarse la comunicación a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefaciente (JIFE), lo cual traería repercusiones de índole sanitaria y financiera”.
Agrega que la presente propuesta legislativa podría generar un conflicto de jerarquía normativa en atención a que el alcance de la misma entraría en contraposición a un tratado internacional del cual el Estado paraguayo es parte.
Señala que lo que se pretende regular mediante la modificación del artículo 30 de la Ley N° 1340/1988, ya se encuentra establecido en la Ley N° 6007/2017, «Que crea el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados», la cual admite el empleo del cannabis con fines medicinales a personas que requieran de medicamentos a base de cannabis, posean o estén en tenencia de la misma, toda vez que pueda justificarse mediante receta médica del profesional médico correspondiente.
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El proyecto fue devuelto al Congreso que deberá rechazar o aceptar el veto.