“Lo grave y preocupante, que evidencia que sí hay una artera maniobra o manipulación a órganos jurisdiccionales, es que este juez incursó el proceso y viene haciéndolo de manera pertinente desde junio en adelante. Hay un cambio en la ecuanimidad e imparcialidad de sus actos a partir de junio de este año”, cuestionó el abogado Yódice sobre la actuación del juez Elio Ovelar
Sobre el punto del cuestionamiento, señaló que la querella solicitó filmar el juicio y el juez no corrió traslado de esa petición a sus defendidos para que se pronuncien al respecto. “Eso no ocurrió. Lo que se está cuestionando es la decisión unilateral, discrecional y parcialista del entonces juez de la causa de requerir autorización para filmación del juicio a la Corte Suprema de Justicia, y probablemente la Corte otorgue el permiso sin tener conocimiento de que la otra parte, que tenía derecho a pronunciarse, no lo hizo”, alegó.
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Por otra parte, explicó que durante el proceso de búsqueda de pruebas surgió la necesidad imperiosa de tener informes del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias y una empresa panameña denominada Ideati SA. “La pertinencia utilidad y necesidad de contar con esa información previa al juicio se relaciona directamente con el monto de pago a al CIAT por el servicio de actualización de software y fundamentalmente cuál es su vínculo con la empresa Ideati SA”, puntualizó.
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En ese sentido, señaló que es importante entender ese vínculo porque en la publicación que motiva la querella de González se habla de la presunta tercerización del servicio de actualización, dado que el pliego de bases y condiciones prohibía ceder el contrato y mucho menos tercerizar los servicios, tal como aparentemente ocurrió.
“Es evidente que yo debo conocer el contenido de ese medio de prueba de manera anticipada, y eso es lo que no está ocurriendo. Yo necesito tener todos estos elementos porque me resultan pertinentes y útiles al inicio o durante el juicio. También va a permitir hacer preguntas específicas a las personas citadas como testigos en el marco de este juicio”, argumentó el abogado.
Recalcó que el cuestionamiento principal es que el juicio se lleve a cabo sin tener previamente los informes solicitados, puesto que ayudarán a comprobar o refutar el contenido que se plantea como “agraviante” en la querella.
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Explicó que probablemente los informes aún no hayan llegado debido a que la pandemia ha generado numerosos inconvenientes también en el sistema judicial de Panamá.
Yódice garantizó que no pretenden obstaculizar el trámite del juicio, sino que es una prueba que podría destacarse durante el juicio. “Nos va a permitir desarrollar una defensa para que el juez entienda por qué se dijo que se tercerizó”, añadió.
Este lunes, el juez Ovelar se inhibió de la causa luego de que se cuestionara que, a sabiendas de que no han llegado aún importantes pruebas de la defensa, específicamente informes de autoridades judiciales de Panamá, insistió en realizar el juicio lo antes posible.
Recordemos que la exviceministra de Tributación presentó una querella en contra del periodista Juan Carlos Lezcano y la directora de ABC, Natalia Zuccolillo, en setiembre. El caso fue elevado a juicio oral y público, en el marco del cual la ex funcionaria pública solicitó un resarcimiento “por daños” de más de US$ 1.400.000.
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Las publicaciones que molestaron a González hacen referencia a un contrato de US$ 3 millones entregado por la SET al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) durante la gestión de González Ayala, que se llevó a cabo sin competencia.
Alegaban que supuestamente CIAT era la única con la competencia que se necesitaba. Sin embargo, esta empresa terminó tercerizando el servicio que le fue concedido por la administración de González.
Asimismo, según refiere el propio sitio web del CIAT, la exviceministra ingresó como miembro del consejo directivo de dicha organización en mayo de 2014, nueve meses después de haber asumido como titular de Tributación.
La exfuncionaria cartista solicita prisión para ambos querellados y un resarcimiento de US$ 1.400.000.
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Es importante resaltar que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) pudo corroborar la existencia de los hechos relatados en los materiales de este diario.
Por ejemplo, ya en la primera página confirma que pudo constatar que efectivamente González Ayala asumió la presidencia del CIAT un año después de que se firmara el contrato entre ambas instituciones.
Llamativamente, la DNCP confirmó que la firma panameña Ideati SA “acompañó” los trabajos en materia tecnológica, pero dicha institución no realizó consulta alguna sobre el tipo de acompañamiento ni si fue oneroso o no el trabajo.
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