Álvaro Arias Ayala podría tener su personería cancelada si queda firme la resolución dictada por la Cámara de Apelación, en violación de la defensa en juicio y del debido proceso.
El profesional asumió la defensa del periodista Juan Carlos Lezcano en la causa impulsada por la exviceministra de Tributación Marta González Ayala por supuesta difamación contra el hombre de prensa y la directora de nuestro diario, Natalia Zuccolillo.
“El Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala, ha dictado una resolución inconstitucional, arbitraria, ilegítima e improcedente. Puede afirmarse con total certeza que en ningún momento el Tribunal Ad-quem se ha impetrado acabadamente de los antecedentes de esta causa y menos aún de lo que ha informado y requerido la jueza penal de Sentencia Nº. 7 Olga Ruiz al impugnar la inhibición del Juez Elio Rubén Ovelar”, sostiene el defensor.
En ese sentido, Arias explica que al hacer lugar a la impugnación planteada por Ruiz contra la inhibición de Ovelar, la Cámara pasó por alto un serie de irregularidades observadas en la actuación de Ovelar –advertidas por la propia magistrada Ruiz– y que debieron ser reencausadas por los camaristas.
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“La señora juez claramente indicó y peticionó al Tribunal de Apelación en lo Penal el reencausamiento del procedimiento de designación del juez, al enumerar de un modo preciso lo que la misma entiende son irregularidades procesales surgidas en la tramitación de esta causa.
Sin embargo, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala, en ningún momento reencausó absolutamente nada y se limitó a hacer lugar a la impugnación, confirmando al juez Elio Ovelar y ordenándole que cancele mi personería e intime a mi defendido a que designe un nuevo defensor, bajo apercibimiento de lo previsto en los artículos 112 y 113 del Código Procesal Penal”, indicó.
Irregularidades
Entre las irregularidades citadas por la magistrada está el hecho de que Ovelar le dio participación 11 meses y 10 días después de iniciado el proceso, pese a que en ese ínterin convocó a más de una ocasión para la realización del juicio oral y público.
Por otro lado, los abogados defensores Rodrigo Yódice y César Coll Rodríguez cuestionaron la persistencia del magistrado en realizar el juicio a como de lugar, pese a que no han llegado aún los informes requeridos a las autoridades judiciales de Panamá.
A ello se suma el hecho de que Ovelar pretendía realizar el juicio en plena pandemia, pese a que la instrucción impartida por la Corte Suprema de Justicia fue la de realizar aquellos juicios que tuvieran peligro de extinción o prescripción, que no se da en este caso.
Y como si fuera poco, ante un pedido de la querella de filmar el juicio, el magistrado Ovelar resolvió disponer la filmación del juicio de oficio y sin dar participación alguna a la defensa, que vio así cercenado su derecho a exteriorizar su postura al respecto.
Recordemos que a pesar de tratarse de un juicio de acción penal privada, Ovelar actuó de oficio tanto para resolver lo de la filmación como para realizar las convocatorias a juicio oral y público, supliendo así el impulso procesal de la querella.
Es por esta razón que la defensa llegó a recusar incluso al juez Ovelar, pero la recusación fue rechazada sin siquiera ser analizada por la Cámara. Esta decisión fue dictada sin previa realización de las diligencias propuestas por la defensa, para demostrar los sobrados motivos que hicieron que perdiera la confianza en el citado magistrado.
Pide pena de prisión y composición
La viceministra de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) Marta González Ayala accionó contra el periodista Juan Carlos Lezcano y la directora de nuestro diario, Natalia Zuccolillo, por supuesta difamación, disgustada por críticas realizadas con relación a decisiones que adoptó durante su gestión en la función pública.
La querella, presentada por el esposo de la querellante, el abogado Jacinto Santamaría, exige para ambos la máxima sanción prevista por el Código Penal, es decir, pena de privativa de libertad y también una composición (una suerte de indemnización), que pretende establecer en nada menos que 1.400.000 dólares.