Un lote rural de 12 hectáreas en Caaguazú había sido adjudicado provisoriamente al coronel Roberto Cubas Barboza, en la época de la dictadura stronista, por parte del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), pero que no pudo ser titulado definitivamente, porque no pagó nada a la institución. Meses atrás, sus herederos, Fernando Cubas Cáceres y Paraguayo Cubas, fueron beneficiados por el extitular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Mario Vega, que resolvió otorgar la constancia de cancelación de pago, en contra de las leyes y normativas del país, según la opinión de diferentes funcionarios y técnicos del ente.
La resolución 201 firmada por Vega el 5 de febrero de este año se apoya en el dictamen Nº 37 del asesor jurídico Aldo Eduardo León, hoy también procesado por presunta coima en otro caso. En el expediente Nº 17.288/2020, con fecha 24 de enero de 2020, consta que ese documento se otorgó en contra de las recomendaciones de la gerencia de créditos y otras dos dependencias del ente, porque no se encontró en el sistema, ni en los archivos, ni en formato papel, ninguna constancia de pago.
En la primera parte de su dictamen, León reconoce que no se podía otorgar la constancia de cancelación solicitada porque “no existen antecedentes de la liquidación, ni de los pagos realizados”. Sin embargo, en el último párrafo contradictoriamente dice que sí hay que otorgar la constancia alegando que con el paso del tiempo, ningún pago es exigible porque supuestamente toda deuda ha quedado prescripta, en contra de la ley del Código Civil 1183/85.
Precisamente, el artículo 1904 de la Ley 1183/85 señalada reza que “los inmuebles del dominio privado del Estado y de propiedad pública o privada de las municipalidades no pueden adquirirse por prescripción”.
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Así, según se observa en los documentos a los que tuvimos acceso, tras la negativa de tres dependencias que hicieron su informe para que no se otorgue, llamativamente Vega termina cediendo al pedido de la familia Cubas.
El acto jurídico del Indert también violenta normativas internas de la institución y decretos reglamentarios como el Nº 3264/20, en su anexo “A”, reglamentación del artículo 6 de la Ley 6469/2020. Así mismo, también trasgrede la Ley Nº 3440/08 y la propia ley de creación del Indert Nº 2419/2004, según se lee en otros documentos internos del ente.
Verificar, retasar o recuperar
Según explicaciones recibidas, lo correcto hubiera sido realizar una verificación de oficio del inmueble para ver quiénes están ocupándolo hoy y con qué fines, para determinar si son los recurrentes, y en caso afirmativo, hacer una reliquidación por todo el tiempo que transcurrió; y que se haga una retasación para que se pague el valor del inmueble a la fecha, en virtud a lo que establece el Estatuto Agrario. Y, sobre todo, verificar que los ocupantes estén en línea con el cumplimiento de los fines previstos en la ley de creación del Indert; y en caso de no ser así, realizar las acciones judiciales para recuperar dicho lote para destinarlo a sujetos de la reforma agraria.
Adjudicó otro lote de 19 Ha. en Acatí
Para tener la versión de Mario Vega, ABC le consultó ayer por vía telefónica sobre el tema, y respondió que el Indert adjudicó a Roberto Manuel Cubas Cáceres, hermano del político Paraguayo Cubas, otra propiedad fiscal de 19 hectáreas, en el valioso lugar turístico del Cerro Acatí, distrito de Colonia Independencia, con la resolución N° 275/19, del 19 de noviembre de 2019. También nos envió la foto de esa adjudicación.
Mario Vega explicó que se le vendió a precio vigente y se trata de una fracción fiscal, titulada a nombre del Indert en 2019, pero que el hermano de Payo Cubas ocupa, según constancias del expediente.
Cuando se le volvió a señalar que la consulta era referente a otra propiedad adjudicada por el Indert, de la que no se encontraron registros de pago, dijo que hoy nos daría una explicación.
Heredero afirma que tiene el título y solo falta registrarlo