La empresa constructora Alpe SA, de Alba Marina Penayo Recalde, empezó a integrar la lista de elegibles para edificar viviendas sociales del Ministerio de Urbanismo de la Vivienda y Hábitat (MUVH), el 20 de marzo del 2019, según consta en la Resolución N° 536, firmada por el entonces ministro Dany Durand. Meses después, fue subcontratada por el “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)” Hidrocontrol, representado por Humberto Raúl Constanzo García.
Consultado acerca del criterio para la elección, Constanzo negó que existiera presión política para subcontratarla como estrategia para recibir las transferencias directas del Estado. Indicó que antes de firmar el acuerdo, investigó a la empresa y encontró que la misma registra buenos antecedentes y que para la obra para la cual le contrató ya finalizó y de manera satisfactoria, que fueron 44 casas en la ciudad de Limpio (ver cuadro).
Requerido sobre el hecho de que la compañía fue cuestionada por las obras que tuvo a su cargo en Ciudad del Este porque no habría cumplido con las especificaciones técnicas, respondió que las publicaciones son falsas. De esta manera se refirió a una investigación difundida por ABC, y que posteriormente la Contraloría General de la República (CGR) lo constató al emitir un lapidario informe, el cual fue difundido a inicios del año pasado.
La institución reportó que Municipalidad del Este, bajo la administración de Sandra McLeod de Zacarías, concretó pagos a la firma Alpe SA, entre otras firmas, por obras ineficientes y sobrefacturadas.
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Además, la corresponsalía de esa ciudad confirmó en 2014 que Alpe SA es una de las cuatro firmas que acapararon contratos de obras convocadas por la Comuna. Las otras empresas que estaban entre las favoritas de la comuna esteña son Constructora Río Paraná, de Daniel Umsza (esposo de Alba Penayo); María Ana Construcciones, de Evaristo Morel, y Constructora Lainuz SA, de Jordan Peralta.
Resulta llamativo que uno de los políticos que actualmente impulsó someter a la ley N° 3637 del Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis) es el diputado Justo Zacarías Irún (ANR, cartista), cuñado de McLeod. Se intentó conocer su opinión referente a la modificación de la norma y su posible implicancia con la citada firma, pero no contestó los mensajes enviados al contacto con terminación 562.
Tampoco se logró conversar con la propietaria de la constructora, Alba Penayo, puesto que el número de celular que figura en los registros oficiales del MUVH respondió una persona que evitó identificarse pero que, sin embargo, aclaró que no tiene vínculo alguno con la compañía y se trata de un error. Entonces, se llamó a la línea baja de la empresa, que figura en sus redes sociales y en el portal de Contrataciones Públicas, y no hubo respuesta.
El reglamento vigente del Fonavis establece transferencias directas del rubro 800 a las prestadoras de SAT, los cuales tienen la potestad de elegir las constructoras que levantaran las casas, sin que exista concurso, competencia entre empresas ni control ciudadano, pese a que los recursos con los cuales se pagan las construcciones son públicos.
Se trata del programa que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, propuso como uno de los pilares del plan de reactivación económica para la construcción de viviendas con US$ 47 millones, recursos pendientes de aprobación en el Congreso Nacional.
Conforme con los antecedentes, el proyecto fue aprobado en el Senado, pero al pasar en Diputados, la mayoría de los legisladores votó por la modificación y que el dinero se ejecute bajo la normativa de Contrataciones Públicas, ley N° 2051, propuesta planteada por el diputado Justo Zacarías Irún, de la comisión de Asuntos Económicos. El documento volvió al Senado.
Además, y en paralelo, la Cámara Alta deberá estudiar la modificación a la ley del Fonavis, iniciativa del diputado Basilio Núñez (ANR, cartista), para someterla al control de Contrataciones Públicas, con el argumento que el sistema actual facilita a celebrar contratos poco claros y sin control, facilitando que se incumplan especificaciones técnicas en detrimento de los recursos públicos.
Este pedido habría molestado al entonces ministro Durand e instó a las organizaciones sociales a escrachar a los proyectistas, situación que derivó a que sea convocado a una interpelación ante la Cámara Baja, pero terminó renunciando al cargo. En su reemplazo asumió Carlos Pereira, quien anunció que realizará una serie de auditorías de costos y procesos de ejecución de obras de la institución para determinar el tiempo de ejecución y el costo real de las viviendas.
Durand aseguraba que la modificación a la normativa perjudicaría a las pequeñas y medianas constructoras, objetivo por el cual fue redactada así la normativa. Sin embargo, una revisión de las proveedoras del Fonavis permite constatar a grandes proveedoras del Estado, como es el caso de Alpe SA.
Subcontratada por seccionalero
Alpe SA registra dos subcontratos más para edificar viviendas sociales de peroyectos planteados por el SAT CP Construcciones, de César Daniel Peralta Echague, quien figura como miembro titular de la seccional N° 114 Belén, del departamento de Concepción.
Tampoco fue posible contactar con el responsable del SAT, ya que no se contestaron las llamadas al número que se consigna en los registros oficiales.
Fortunas de las arcas del Este
En el portal de Contrataciones Públicas se pudo comprobar que la firma de Alba Penayo es proveedora del Estado hace cinco años y que desde entonces logró millonarios contratos, reportando adjudicaciones por un total de G. 45.061.338.457, con 39 contratos. La mayoría de ellos (18) fueron firmados con la Municipalidad del Este, durante la administración del clan Zacarías; mientras que los otros acuerdos fueron con la Municipalidad de Minga Guazú, bajo la intendencia de Digno Castillo (ANR), y la Gobernación de Alto Paraná, bajo la gestión de Justo Zacarías Irún (2013-2017), actual diputado.