Este miércoles, las hijas del exvicepresidente de la República Óscar Denis -Beatriz, Silvana y Lorena-, la madre del Policía Nacional Edelio Morínigo, doña Obdulia Florenciano, y la hija del ganadero Félix Urbieta, Liliana, además de los senadores Fernando Silva Facetti y Bartolomé Ramírez se reunieron con el presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, para solicitar formalmente una cumbre de poderes que tome intervención en la inseguridad existente norte del país, zona azotada por secuestros.
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A su vez, el pleno de la Corte Suprema de Justicia se reunió y resolvió por unanimidad que no participaría en una cumbre de poderes. Los ministros argumentaron que el poder que representan debe velar por la seguridad jurídica del país y que la seguridad pública es atribución constitucional del Poder Ejecutivo. No obstante, decidieron expresar su solidaridad con las familias de los secuestrados por integrantes de la banda criminal EPP, informó el periodista de ABC Color Carlos Ortega.
Al inicio de la sesión plenaria, el presidente de la máxima instancia judicial, Dr. Alberto Martínez Simón, informó a los demás ministros que se reunió con los familiares de los secuestrados, quienes le solicitaron una cumbre de poderes a los efectos de avanzar en una agenda de acciones que incluya devolver la libertad a Óscar Denis, Edelio Morínigo y Félix Urbieta.
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El ministro César Garay afirmó que el pedido es atendible como una cuestión humana, pero aclaró que los poderes del Estado tienen funciones exclusivas y excluyentes. En ese sentido, señaló que la seguridad pública no es competencia del Poder Judicial, como lo es la seguridad jurídica.
En consecuencia, solicitó rechazar el planteamiento realizado y sugirió explicar con términos exactos a los familiares de los secuestrados que deben recurrir ante la autoridad competente, que es el Poder Ejecutivo.
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Por su parte, el ministro Eugenio Jiménez Rolón suscribió la moción de Garay, indicando también que la seguridad pública no es potestad del Poder Judicial.
La ministra Gladys Bareiro de Módica, a su vez, expresó que el Poder Judicial tiene “una función constitucional, que es la seguridad jurídica. La seguridad pública es ámbito del Poder Ejecutivo. No podemos propiciar una cumbre de poderes para este tipo de causas”, resaltó.
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Antecedentes
Edelio Morínigo, efectivo de la Policía Nacional, fue secuestrado por el EPP el 5 de julio de 2014 en un lugar boscoso en las inmediaciones de la estancia “María Auxiliadora”, ubicada en Arroyo de Oro, departamento de Concepción. El uniformado estaba de caza con un grupo de familiares y conocidos.
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La única prueba de vida que obtuvo su familia se dio en octubre de 2014, con un video remitido por el grupo criminal en que se podía observar a Morínigo. En abril de 2018 se encontraron dudosos panfletos que hablaban supuestamente de su muerte y que fueron entregados a sus familiares por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Sin embargo, no tenían una referencia clara de dónde se podía hallar su cuerpo. Desde entonces no hubo ninguna noticia acerca de su paradero ya a más de seis años de su secuestro.
Félix Urbieta fue privado de su libertad por una célula del EPP (el EML) el 12 de octubre de 2016, cuando se encontraba en la estancia “San Francisco”, a 15 kilómetros del centro urbano de Horqueta. La última prueba de vida entregada a su familia se registró en febrero de 2017, también a través de un video.
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La última comunicación que establecieron los secuestradores se dio a inicios de 2017, bajo el pedido de que la familia pague US$ 350.000. En la misiva advertían que solo aguardarían el pago de monto requerido hasta el 3 de febrero de ese año, o si no amenazaban con ejecutarlo y no volver a comunicarse. Lamentablemente, su familia no pudo reunir la suma de dinero solicitada y ya nunca tuvieron información de Urbieta.
El último secuestro del EPP fue perpetrado el 9 de setiembre de este año, al llevarse al político liberal Óscar Denis, quien estaba cerca de la estancia La Tranquerita, en el límite entre los departamentos de Concepción y Amambay. Junto con él fue llevado su colaborador, Adelio Mendoza, integrante de una comunidad indígena, a quien liberaron el 14 de setiembre.
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Los criminales no ofrecieron una prueba de vida certera como un video o una fotografía de Denis, solo un papel con una huella dactilar y su firma. Sin embargo, exigieron a la familia que en un plazo de ocho días distribuya alimentos a 40 comunidades por la suma de US$ 2.000.000, además de pedir al Gobierno liberar a Alcides Oviedo Brítez y Carmen Villalba, ambos líderes del grupo criminal, en un plazo de 72 horas, que venció el domingo 13 de setiembre a las 22:00.
Los captores de Denis amenazaron con fusilarlo si no se cumplían sus requerimientos. En ese contexto, sus familiares completaron las exigencias que estaban en sus manos, pero los criminales ya no establecieron ninguna comunicación hasta la fecha.