Jueza emplaza a la “niñera de oro” a cumplir medidas

Gabriela Quintana Venialgo, la “niñera de oro”, tiene tres días para cumplir con las medidas a las que se comprometió al ser beneficiada con la suspensión a prueba de la condena. De lo contrario, el beneficio será revocado.

Sandra Silveira, jueza penal de ejecución de sentencia. Le dio 3 días a la niñera de oro para cumplir con las medidas.
Sandra Silveira, jueza penal de ejecución de sentencia. Le dio 3 días a la niñera de oro para cumplir con las medidas.

Así de clara es la advertencia realizada por la jueza penal de ejecución de sentencia Sandra Silveira, quien tiene a su cargo la ejecución de la pena privativa de libertad de 1 año y 6 meses que le impusieron a la mujer por cobro indebido de honorarios.

En ocasión de dictar la sentencia, el 3 de mayo del año pasado, el Tribunal dispuso la suspensión a prueba de la condena a cambio de una serie de medidas a ser cumplidas dentro de un plazo de dos años.

Además de las clásicas prohibiciones de salir del país y de cambiar de domicilio sin informar al juzgado, el punto 4 establecía la obligatoriedad de devolver íntegramente los millonarios montos percibidos de la entidad binacional Itaipú y donar G. 2 millones mensuales por término de dos años a la Cruz Roja. Este pago se realizó solo hasta setiembre pasado, motivo por el cual la jueza intimó a la condenada.

La “devolución íntegra de toda remuneración percibida de la Itaipú Binacional” la componen los G. 71.683.460 que cobró como salario en el periodo en que también percibía sueldo como funcionaria de la Cámara de Diputados y los G. 34.579.994 que percibió en concepto de compensación por su desvinculación.

“Ante la existencia del incumplimiento del inciso 6) de la parte resolutiva, correspondiente a la obligación N° 4 de la SD 128 del 3 de mayo del 2019, esta magistratura considera que corresponde intimar a Gabriela Quintana Venialgo para que en plazo de 72 horas acredite constancias de cumplimiento de las reglas de conducta y obligaciones impuestas por la SD N° 128 del 3 de mayo de 2019, emanado del Tribunal Colegiado de Sentencia, bajo apercibimiento de que en caso de la falta de presentación de las constancias respectivas se procederá a revocar el beneficio de conformidad al artículo 49 del Código Penal sin más trámite”, advierte la magistrada en su resolución.

Chicana traba ejecución

En ese mismo juicio, el exsenador Víctor Bogado (ANR, cartista) fue sentenciado a un año de cárcel por el mismo delito, pero en carácter de cómplice. El exparlamentario también fue beneficiado con la suspensión a prueba de la pena, que no se puede ejecutar ya que lo trabó con una acción que tiene que resolver la Corte.

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