El proyecto de ley denominado de “Fortalecimiento de la Institucionalidad Fiscal” fue remitido al Congreso por el Ministerio de Hacienda a inicios de diciembre último, pero recién ayer trascendió en forma extraoficial.
Además del límite de la deuda que irá al 40%, se disponen unas reglas de contención del gasto corriente, en donde las remuneraciones básicas, sueldos, dietas y gastos de representación estarán sujetos a incrementos del salario mínimo; así también los gastos corrientes primarios no podrán ser mayores a la inflación más 2%.
La deuda pública cerró el año pasado en 33,5% del PIB, lo que equivale casi a US$ 12.000 millones, nivel que ya está muy por encima del 30% que para los economistas locales y exministros de Hacienda es razonable y sostenible para un país como el nuestro.
El proyecto igualmente establece una cláusula de escape que permitirá llevar el déficit fiscal hasta 3% del PIB, la deuda podrá incrementarse temporalmente y no se considerarán aumentos salariales durante el periodo de retorno a la regla fiscal.
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La referida cláusula se podrá ejecutar en situación de emergencia nacional, crecimiento de la economía inferior en un 75% al promedio de los últimos diez años y se utilizará para periodos de fuerte desaceleración económica.
Se crea un fondo soberano de estabilización, a ser administrado por el Ministerio de Hacienda, a partir de recursos provenientes de superávit fiscales, renta neta de inversiones del fondo y otros autorizados por ley.
En cuanto al periodo de convergencia al déficit del 2,5% del PIB en el periodo 2021-2024, se establece cero crecimiento del gasto corriente primario, sin aumentos salariales, solo crecimiento vegetativo para salud y fuerzas públicas, se suspende el aumento del salario básico docente, entre otras determinaciones.