Referentes sociales exigen renuncia de fiscala general

Más de 70 referentes de la sociedad, empresarios, artistas, profesionales, etc., firman un comunicado exigiendo la renuncia de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, a quien acusan de dar impunidad y protección a delincuentes con poder.

Un manifestante con la careta de  Horacio Cartes sostiene a un títere  con el rostro de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.
Un manifestante con la careta de Horacio Cartes sostiene a un títere con el rostro de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.Archivo, ABC Color

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La nota firmada por reconocidos intelectuales, artistas, empresarios, etc. exige la renuncia de Sandra Quiñónez como titular de la Fiscalía General del Estado para dar inicio al saneamiento del sistema judicial de nuestro país. De paso convocan a toda la ciudadanía a sumarse y llaman a los partidos con representación parlamentaria a tomar medidas para reencauzar el imperio de la ley.

En el comunicado hecho público ayer, señalan que la indignación ciudadana crece ante la arbitraria actuación de las instituciones encargadas de investigar supuestos hechos ilícitos e impartir justicia. Sostienen que las funciones de la fiscalía están siendo progresivamente violentadas por Quiñónez, en una degradación que socava los más elementales principios ciudadanos.

Apuntan que evidentes casos de corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito tuvieron investigaciones fiscales deficientes y condenas irrisorias que aseguran su impunidad.

Destacan que casos como el lavado de dinero en un banco estatal (BNF) por Darío Messer, vinculado al expresidente Horacio Cartes, la enorme estafa del Metrobús o la firma del acta secreta de Itaipú por los gobiernos de Mario Abdo Benítez y Jair Bolsonaro apenas merecieron una tímida investigación para la fiscalía, que terminó en la nada, mientras que en contrapartida criminaliza demandas de derecho y garantías constitucionales, castigando a los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad.

Señalan también que la impunidad asegurada a delincuentes con poder y protección política y la ausencia de seguridad jurídica posicionan al Paraguay en los peores lugares del ranking regional de corrupción (2° en Sudamérica) y debilidad institucional. Advierten que a casi tres décadas de la Constitución de 1992, el grave deterioro de la fiscalía general amenaza quebrar el ya debilitado Estado de Derecho en el Paraguay. Firman el pronunciamiento, entre otros, Bruno Defelippe, Alcibiades González Delvalle, Leo Rubín, Víctor González Acosta, Luis Lezcano Claude, Julio López, Jorge Rolón Luna, Ana Brun, Bernardo Rojas, Lilian Soto, Juan Grassi, Ticio Escobar y Santiago Campos Cervera.

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