Denuncian a jueza y también recusan

El presidente del PLRA Efraín Alegre, a través de su abogado Cristian González, denunció ayer ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), a la jueza penal de garantías Cynthia Paola Lovera Brítez, por supuesto mal desempeño de funciones al decretar la prisión preventiva del político en el proceso que enfrenta por producción de documentos no auténticos.

El abogado Cristian González presentó la acusación contra la jueza Cynthia Lovera, en la oficina del JEM.
El abogado Cristian González presentó la acusación contra la jueza Cynthia Lovera, en la oficina del JEM.Archivo, ABC Color

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Alegre también solicitó como medida cautelar la suspensión de funciones de la jueza Lovera Brítez.

De igual manera, Alegre recusó y solicitó el apartamiento del Jurado a los miembros senador liberal Fernando Silva Facetti, de la representante del Ejecutivo, Mónica Seifart y de los cartistas Jorge Bogarín Alfonso y el diputado David Rivas.

Sobre Silva Facetti sostuvo que desde su banca en el senado y siendo presidente del JEM, es el principal promotor del proceso penal en su contra. Sobre Bogarín Alfonso dijo que es un personero de Horacio Cartes, quien conjuntamente con Mario Abdo Benítez, ordenaron la prisión política de Alegre, según el escrito.

Cuestionamientos

Con relación a Rivas dijo que su presencia en el Jurado no corresponde porque suplantó de forma irregular al diputado Ramón Romero Roa y su actuación no puede garantizar independencia ni objetividad. A Seifart acusa que depende de Abdo Benítez, y que con Silva Facetti se han reunido el 2 de febrero en el Jurado con el fiscal Eugenio Ocampos, responsable de la imputación a Alegre. Respecto a la acusación ante el JEM contra la jueza Lovera, Alegre sostuvo que el AI N° 102 del 28 de enero de 2021, por el cual ordenó su prisión preventiva la magistrada, es arbitrario, y se ha emitido luego de que el 25 de agosto de 2020 se haya decretado medidas alternativas a la prisión. La jueza ordenó la prisión preventiva de Alegre porque no cumplió la obligación de otorgar caución real de G. 125 millones a cambio de recibir medidas alternativas. La jueza, además, lo denunció por desacato.

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