Sorprende que sumario tardío en BNF no incluya a responsables directos

De acuerdo con el informe preliminar de la Superintendencia de Bancos (SIB), que detalla los pormenores sobre el movimiento de las cuentas de Messer y los motivos que dan pie al sumario administrativo en el Banco Nacional de Fomento, es el sujeto obligado de la Ley 1.015/97 de control de lavado de activos y sus modificatorias el que debe deslindar su responsabilidad en el marco del procedimiento administrativo, o sea en este caso el banco.

“Los incumplimientos detectados comprometen la responsabilidad del BNF como sujeto obligado de la Ley 1015 y sus modificatorias y quien debe deslindar su responsabilidad en el marco del presente procedimiento sumarial”, expresa el escrito que en ninguna parte hace mención de responsabilidad de las personas físicas que administraron las cuentas de Messer, ni de los directores de la banca estatal en ese periodo. Entre algunos de los implicados está el oficial de cumplimiento de ese tiempo Juan Manuel Benítez, el exgerente Jorge Lavand, entre otros.

Según el informe, en el marco regulador se establecen sanciones administrativas para las personas jurídicas, que deben ser dispuestas, únicamente en caso que así correspondiera, previo sumario administrativo. Según el resultado del sumario, la banca estatal, como unidad jurídica, se expone a sanciones que van desde un apercibimiento y multas que pueden oscilar entre el 50% y 100% del monto evadido en la transacción. O sea, somos nosotros los ciudadanos los que finalmente vamos cargar con los eventuales costos por multas que puedan surgir del citado procedimiento, mientras que para los responsables directos nada menciona el informe acerca de sanciones a ser aplicadas. En este caso la cifra de las operaciones sobre las que hay sospechas respecto al origen de fondos rondan los US$ 56 millones.

Exceso en límite de remesas relacionadas a las cuentas de Darío Messer, falta de debida diligencia en conocimiento al cliente, beneficiario final y origen de los fondos, son algunas de las irregularidades detectadas en una fiscalización previa realizada en el 2018 por la Superintendencia de Bancos (SIB) al BNF. Sin embargo, recién a fines de diciembre del 2020 el directorio actual del BCP ordena el sumario administrativo, es decir a más de dos años de haberse realizado la inspección con los semejantes hallazgos.

El propio Carlos Pereira, extitular del BNF y actual ministro de Urbanismo y Vivienda (MUVH), quien estaba en la administración del banco estatal en el periodo 2015 - 2018, se extrañó del tardío procedimiento administrativo ordenado por el supervisor.

En el directorio del BCP estaban entonces Carlos Fernández Valdovinos y Santiago Peña, ligados hoy a empresas del grupo Cartes, “hermano del alma” de Darío Messer. Aunque Pereira desplazó la responsabilidad sobre Seprelad por cajonear un ROS (Reporte de Operación Sospechosa) del 2015, son varias las observaciones de la SIB que deja en descubierto las fragilidades en el control antilavado sobre clientes considerados “riesgosos” y que no exigen a la banca estatal de su responsabilidad en haber facilitado transacciones de Messer sin determinar el origen de fondo, y sin contar información básica para la identificación del cliente y beneficiario final.

Operaciones de Messer

En cuanto al caso Messer, el informe de la SIB detalla que entre 2011 y 2016, las cuentas de Darío Messer y sus empresas, Chai SA y Matrix Realty, recibieron un total de US$ 56.689.978, procedentes de distintas cuentas del exterior, principalmente de Bizantine Investments (Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo).

Por otra parte, el 30 de noviembre de 2015, el Banco Nacional de Fomento emitió alertas de operaciones sospechosas porque las cuentas de Chai y Matrix Realty (ambas de Messer) movieron solo ese día US$ 10 millones.