La agente de la Unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción Victoria Acuña recurrirá a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para promover un recurso extraordinario de casación contra el fallo del tribunal de apelación penal primera sala, que la semana pasada anuló la resolución del juez Raúl Florentín, quien elevó juicio oral la causa, decretó la prescripción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo de los procesados por lesión de confianza en el caso que ocasionó en perjuicio de G. 12.000 millones a la petrolera estatal en el 2013.
El fallo con los votos en mayoría de los camaristas Gustavo Santander Dans (preopinante) y Pedro Mayor Martínez, y en disidencia Gustavo Ocampos benefició al expresidente de Petropar Sergio Escobar Amarilla, al exgerente de la planta de Mauricio José Troche, Leoncio Saúl González López; y al exjefe de la Unidad Operativa de Contrataciones, Carlos Daniel Esquivel Isnardi, este último acusado como cómplice del hecho punible. El tribunal de alzada anuló la resolución del juez Raúl Florentín, quien el 14 de diciembre del año pasado elevó a juicio oral y público la causa abierta que investiga la concesión del anticipo ilegal del 50% de una obra fantasma para la planta alcoholera que tiene Petropar en Troche.
En la audiencia preliminar, el magistrado rechazó los incidentes de prescripción de la acción penal y, por ende, el sobreseimiento definitivo de los acusados, que plantearon los defensores. Alegó que ya han pasado más de cinco años y, por lo tanto, el caso debe ser archivado. Sin embargo, Florentín había advertido sobre la existencia de un obstáculo insuperable para la prosecución de la causa, que es la prolongada estancia del expediente en la Sala Penal de la Corte Suprema.
Al respecto el tribunal de apelación confirmó que el expediente estuvo en poder de la máxima instancia desde el 13 de noviembre de 2017 hasta el 7 de octubre de 2020, es decir, casi tres años, para poder resolver una apelación en subsidio que se debió resolver dentro del plazo de 10 días. “Los justiciables no pueden soportar el retraso prolongado que atenta contra el plazo razonable garantizado por la Constitución”, resalta el fallo.
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Voto favorable
El voto en disidencia del camarista Gustavo Ocampos es favorable a la intención de la fiscal Victoria Acuña, de impedir que el caso quede impune y elevar a juicio oral y público; ya que el magistrado argumentó que los recursos planteados por las defensas impidieron que el Juzgado de Garantías de continuidad al proceso.
En su voto, el camarista afirma que no se han violado ni el debido proceso ni las garantías constitucionales de los acusados, razones por las que no se puede declarar la prescripción de la acción.
Cuestionan contradicciones
El camarista Gustavo Santander resaltó en su opinión que el A.I. Nº 1377 del 10 de noviembre de 2020 dictada por la Sala Penal de la Corte, y que el juez Raúl Florentín utilizó como jurisprudencia para rechazar la prescripción; se contradice con el Acuerdo y Sentencia Nº 1147 del 17 de noviembre de 2020 dictado por la misma Sala que declaró la prescripción.