Piden investigar a Ovelar por enriquecimiento ilícito

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Juez Elio Ovelar, denunciado por enriquecimiento ilícito ante la fiscalía anticorrupción.
Juez Elio Ovelar, denunciado por enriquecimiento ilícito ante la fiscalía anticorrupción.Archivo, ABC Color

El ciudadano Hugo Sánchez presentó denuncia ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) por hechos de corrupción supuestamente perpetrados por el juez penal de sentencias Elio Rubén Ovelar, quien no podría justificar como obtenidos lícitamente cuantiosos bienes y aumento desproporcionado de su patrimonio, que habría amasado siendo funcionario público.

La denuncia promovida por Sánchez el lunes 15 de marzo, contra el juez Ovelar, va dirigida a la fiscala adjunta de UDEA Soledad Machuca y a los agentes fiscales de esta unidad especializada del Ministerio Público. En su condición de ciudadano pide que se abra una investigación por el caso de presunta corrupción pública y, apoyado en lo que dispone el artículo 284 del Código Procesal Penal, que faculta a cualquier ciudadano a realizar denuncia ante la Fiscalía ante el conocimiento de comisión de hechos punibles públicos.

“Enterarme sobre sospechas más que razonables de corrupción publicadas diariamente a través de los medios periodísticos, motivan mi más enérgico repudio y cuestionamiento respecto al por qué no se investigan y sobre todo castigan con firmeza estos hechos ilícitos que afectan gravemente la calidad de vida de todos los paraguayos; más aún cuando los indicios de corrupción se involucran con valores tan importantes como la Justicia y el eventual involucramiento de personas que deberían de administrar e impartir la misma; ello desalienta y lleva a esa sensación de impunidad intolerable (a la) que en algún momento se debe poner freno a través de los medios legales que están previstos en las normas”, señala el escrito presentado en Fiscalía.

La formal denuncia de Sánchez contra el juez Ovelar es por el hecho punible de enriquecimiento ilícito, previsto y penado en la Ley Nº 2523/2004 “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”, pero no descarta que a través de la investigación se pueda determinar la perpetración de otros delitos como la declaración falsa y evasión impositiva, por ejemplo.

La denuncia de Sánchez se sustenta en la publicación del diario ABC Color del 2 de febrero de 2021, firmado por el periodista Juan Carlos Lezcano cuya crónica es titulada “Juez aplazado, con millonario incremento”, en la que da cuenta que el juez penal de sentencia Elio Rubén Ovelar ha incrementado su patrimonio en un 1.400%, entre su primera declaración jurada de bienes y rentas y la última, que ha presentado en el año 2020.

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Sánchez realiza las siguientes consideraciones: Elio Ovelar accedió a la magistratura en el año 2001. Al presentar su declaración jurada consignó no poseer efectivo y sí admitió tener una propiedad en Santísima Trinidad por valor de G. 100 millones, y otra en la ciudad de Villeta por valor de G. 20 millones.

En el 2013, Ovelar presentó una nueva declaración jurada, en la que nuevamente hace referencia a la propiedad ubicada en Santísima Trinidad, pero le consigna un valor de G. 900 millones, y reconoce haber adquirido e incorporado a su patrimonio una propiedad en la ciudad de San Bernardino, que hipotéticamente tiene un valor de G. 195 millones.

En el 2020 presenta una nueva declaración jurada, en la que evidencia un incremento patrimonial no acorde con sus ingresos legales: la propiedad ubicada en Santísima Trinidad pasa a ser valorizada en G. 1.300 millones, el inmueble en San Bernardino se incrementó en G. 500 millones; sin embargo, no declara cuentas bancarias ni tampoco efectivo.

Sánchez añade: “También la publicación periodística señalada refiere que la primera declaración jurada de Ovelar realizada en 1995, declaró un patrimonio neto de G. 142 millones, luego en el 2013 se incrementó a más de G. 1.575 millones, y en el 2020 dicho patrimonio volvió a aumentarse, (llegando) a G. 2.118 millones”.

La publicación asimismo revela -dice el denunciante- que el magistrado adquirió en el 2020 un Toyota tipo Fortuner, año 2018, que él mismo justipreció en G. 280 millones. En estas declaraciones juradas no consignó tener efectivo ni tampoco contar con cuentas bancarias, como asimismo, no refiere que tenga deudas, lo que lleva a razonar que el juez adquirió sus bienes con lo percibido como remuneración, así como lo percibido por su cónyuge, actual fiscal, quien igualmente experimentó un exponencial crecimiento patrimonial.

El denunciante requirió el inicio de una investigación y propuso incluso numerosas diligencias a fin de que el Ministerio Público las impulse.