La austeridad sigue sin implementarse en el sector público, pese a la difícil situación económica que está atravesando el país por la pandemia del covid-19. Es así que la Industria Nacional de Cemento (INC) dilapidará recursos en la contratación de más personal a través de una tercerización que está a punto de adjudicar.
Con este fin, la empresa estatal recibió el 8 de marzo pasado las ofertas de tres firmas interesadas en el marco de la cuestionada licitación para la “contratación del servicio de mano de obra para distintos sectores de la planta fabril de Vallemí”, donde destinará más de G. 4.000 millones, según documentos del proceso.
Esto pese a que la ley de presupuesto del presente ejercicio prohíbe los procesos de contratación de funcionarios, pero la INC está burlando esta disposición con la maniobra de la tercerización.
Las empresas que presentaron sus ofertas en este llamado son: Jobs SRL (G. 4.607 millones), ADCON Latinoamericana SA (4.399 millones) y La Offi SA (G. 4.853 millones). Las ofertas están en proceso de evaluación, según manifestó ayer el titular de la INC, Ernesto Benítez.
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Cuando se le consultó sobre la necesidad de hacer este tipo de contrataciones en plena pandemia y con las prohibiciones de contratar funcionarios, Benítez señaló que se necesita “mano de obra” y que de lo contrario “no se haría”.
Respecto a que se obligue a paralizar las actividades de varios rubros económicos, sin disminuir los gastos del sector público, señaló que “el sector económico que se para es solo una parte de todo el conjunto” y que “existe una gran parte que continuará sus actividades”.
Asimismo, defendió la contratación de más personal porque “se debe a una necesidad que se viene arrastrando desde años anteriores y en el caso de que se formalice, los beneficiados comenzarán a trabajar dentro de unos meses, no la semana que viene”.
Por otro lado, enfatizó que la INC “aunque se trate de una institución del sector público, no requiere de transferencias de fuente 10 (recursos del tesoro), sino que genera sus propios ingresos principalmente con la venta de su principal producto”.
La intención de la empresa estatal es contar con 83 empleados más, que se sumarán a los 1.050 funcionarios que tiene la empresa (685 permanentes y 365 contratados), que al parecer no dan abasto para el funcionamiento de la cementera. El llamado en cuestión se publicó el 9 noviembre pasado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y tuvo varias prórrogas y cambios para la apertura de las ofertas.
Estimativamente, la cementera estatal pagará G. 49.903.492 por cada uno de los 83 obreros que contratará, por los 12 meses que durará el contrato. Esto significa que la empresa que resulte ganadora percibirá mensualmente G. 4.158.624 por cada trabajador, pero según el pliego, sólo pagarán el salario mínimo de G. 2.192.839 a cada empleado.
En este momento, la INC está operando a medias y no produce la cantidad de cemento que debería.
Se tienen problemas tanto con en el nuevo horno de Vallemí (Concepción) como también con el nuevo molino de Villeta (Central).