Hasta el viernes 2 de abril el Estado tiene plazo para presentar los alegatos finales en el marco de la causa titulada “Bonifacio Ríos Ávalos y otros contra el Estado paraguayo”, que se tramita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Juan Rafael Caballero, procurador general de la República, había asegurado que los escritos se enviarán antes que finalice el plazo.
El 3 de marzo pasado culminó en San José de Costa Rica las audiencias en el caso, presidida por la jueza Elizabeth Odio Benito (costarricense).
Según el proceso de la Corte IDH de la OEA, el Estado paraguayo, los demandantes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuentan con un plazo hasta el 2 de abril, que es este viernes, para presentar sus alegatos finales escritos y observaciones finales, respectivamente, con relación al fondo, y las eventuales reparaciones y costas en el presente caso.
El exministro de la Corte, Ríos Ávalos, exige que se lo restituya en el cargo del que fue removido a través de un juicio político en el Senado, que culminó en el 2003. En el mismo juicio fue también destituido Carlos Fernández Gadea (fallecido en 2010).
Ríos Ávalos y los familiares de Fernández Gadea también solicitan un resarcimiento económico (salarios caídos), monto que se mantiene en reserva.
El procurador Caballero dijo que el Estado paraguayo respetó el debido proceso y no violó el derecho “a ser oídos ni el derecho a la defensa de las alegadas víctimas”. En consecuencia, pide que la demanda sea rechazada por improcedente.
Ríos Ávalos apuntó al ahora expresidente Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) de gestar su destitución. Dijo que el exmandatario le presionó para que apoye la reelección vía enmienda, la cual era inconstitucional. Contó que lo amenazó con iniciar una campaña inmisericorde contra él y sus colegas de la máxima instancia. Recordó que Duarte Frutos prometió en campaña que pulverizaría la Corte.
Insistió en que en el juicio político se violaron varias garantías, lo que será analizado por CIDH.