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El 17 de julio de 2020, la jueza de Alto Paraná, Fátima Burró sobreseyó en forma definitiva a la exintendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod.
Para argumentar su decisión de otorgar el sobreseimiento definitivo la jueza penal de garantías indicó que los agentes del Ministerio Público encargados de la investigación incurrieron en negligencia para realizar todas las diligencias que debían culminar, tras el plazo de un año, luego que la exintendente ya había sido beneficiada con el sobreseimiento provisional.
Los fiscales habían solicitado en su requerimiento de sobreseimiento provisional que debían realizar 26 diligencias investigativas para cerrar el caso.
Pero para el ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia, miembro del JEM la magistrada lo que hizo fue actuar en favor de la entonces procesada por lo que correspondía someterla a un juzgamiento.
En ese contexto indicó que los agentes en forma correcta requirieron el sobreseimiento provisional.
Sin embargo: “La jueza en una resolución extensa de 29 páginas, además de repetir las actuaciones, cuestionar la actuación fiscal diciendo que era insuficiente etc, sostuvo que los agentes fiscales no justificaron los motivos de la no realización con la debida diligencia de todos los actos que esperaban incorporar”.
Añadió en forma enfática: “Justificar esta situación no es requisito de procedencia del sobreseimiento provisional”.
Indicó que el sobreseimiento definitivo que otorgó la jueza se justifica en el último párrafo de la resolución en el que hace alusión de que no se podían incorporar nuevos elementos a la causa.
“Los agentes fiscales quienes actuaron productivamente sí han dicho nosotros pretendemos incorporar estos elementos, algunos de ellos en el exterior, pero en base a este criterio subjetivo de la magistrada se ha concedido el sobreseimiento definitivo”, explicó Ramírez.
Concluyó en forma enfática: “La magistrada (no solo) actuó en violación de las disposiciones del Código Procesal penal sino también violó el principio de la imparcialidad que tiene que imperar en sus actuaciones; es más, actuó en favor de una de la partes”.
Sin embargo, Ramírez Candia se quedó solo en su pedido de enjuiciamiento pues votaron por el archivo de la causa el diputado colorado Hernán Rivas, la representante del Poder Ejecutivo Mónica Seifart, el representante de los abogados Jorge Bogarín y el presidente del JEM, Fernando Silva Facetti.
Precisamente el titular del Jurado señaló que la resolución estaba debidamente fundada y que el fallo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones.
En la sesión ordinaria estuvieron ausentes el senador colorado Enrique Bachetta y el diputado liberal Eusebio Alvarenga, ambos por motivos de salud.
Los fiscales Osmar Legal, Luis Said, Susi Riquelme, Claudelina Corvalán, Francisco Cabrera, Natalia Fuster, Diego Arzamendia, Rodrigo Estigaribia y Manuel Rojas Rodríguez. tampoco serán objeto de juzgamiento, conforme a esta resolución del JEM.
El diputado Rivas y el abogado Bogarín, al igual que Ramírez Candia opinaron a favor de los referidos agentes.
Los antecedentes de este caso
Según la investigación, la exintendente McLeod adjudicó 13 contratos a la “empresa” MG Decoraciones para provisión desde pines de oro hasta alimentos por un total de G. 6.627.920.985, entre 2017 y 2018. Sin embargo, no se encontró evidencia de la contraprestación. La firma favorecida por McLeod fijaba dirección en la seccional colorada del barrio Fátima de Ciudad del Este, según documentos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
En el caso se presentó acusación por lesión de confianza, pero en la audiencia preliminar la fiscalía pidió el sobreseimiento provisional. La jueza Fátima Burró dictó el definitivo.