Ahora plantean cárcel por inoculaciones vip

El Gobierno entrega hoy al Congreso Nacional un proyecto de ley de emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19 que reitera algunas de las medidas y procedimientos ya vigentes, y agrega que los funcionarios que incurran en vacunación irregular podrían ir a la cárcel.

VACUNACIÓN IRREGULAR
VACUNACIÓN IRREGULARArchivo, ABC Color

El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Hernán Huttemann, anunció ayer la presentación de un proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo que plantea castigar hasta con prisión a los funcionarios involucrados en vacunaciones vip, pero no se contemplan castigos para los que reciban las vacunas.

El artículo 23 menciona que los funcionarios que utilicen su cargo o posición para beneficiar a otro para recibir la vacuna contra el COVID-19 serán sancionados con hasta cinco años de cárcel o multa, que según dijo Huttemann puede ser de cinco a 300 jornales mínimos dependiendo de la gravedad. No podrán ocupar cargos en la función pública, sean electivos o no, durante diez años.

El otro artículo en cuestión es el 24, el cual crea una nueva figura penal, según destacó el jefe de Gabinete Civil y es el hurto agravado de vacunas e insumos, que contempla cárcel por dos a seis años, y en caso de venderlos será castigado según el Código Penal.

Puntos llamativos

La propuesta de ley agrega atribuciones al Ministerio de Salud Pública el cual podrá aplicar sanciones como una amonestación o una multa de entre 5 y 300 jornales, quedándose con lo recaudado de la multa, en caso de incumplimiento de las medidas sanitarias que cita el artículo 6.

En este último artículo se habla de las decisiones que se podrán tomar por decreto y que son las que ya se tienen establecidas en otras leyes. Menciona por ejemplo, la limitación para circular, el uso obligatorio de sistemas de ventilación, lavado de manos y uso de mascarillas que está ya contemplada en la Ley N° 6699. También se incluye la fiscalización en medios de transporte público, terrestre, aéreo, marítimo y fluviales, y en ambientes laborales formales e informales, que será realizada por el MSP y la Policía Nacional.

Críticas

El diputado Édgar Acosta (PLRA) opinó que “es más un proyecto para sancionar a ciudadanos y no a corruptos que están en el Poder Ejecutivo, principalmente. Ahhh... y quiere hacerlo por decretos. Tenemos que estar muy atentos”, advirtió.

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