Proyecto de ley “garrote” atenta contra la Constitución y derechos fundamentales, advierte abogado

Santagada opinó este jueves en conversación con ABC que, con este proyecto de ley, el Gobierno reconoce tácitamente que las restricciones impuestas desde el inicio de la pandemia, hechas por decreto, fueron ilegales.

“Este proyecto es el reconocimiento de que lo que se hizo hace un año carece de base legal (…) Esto le permitirá hacer lo mismo que estuvo haciendo hace un año sin base legal (…) Las restricciones deben ser compatibles con la dignidad del ser humano”, expresó.

El abogado recordó que la Constitución de nuestro país hace iguales todos los derechos, tanto a la vida como al trabajo, y que fácilmente podría armonizarse ambos, pero que con las disposiciones actuales se suprimen las libertades más esenciales.

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“Acá se pueden compatibilizar de forma razonable el derecho a la salud con el derecho al trabajo. Acá se suprime la libertad del empresario, de la actividad económica (…) No tienen la facultad de restringir nuestra libertad. Restringir la libertad en todas sus facetas, como el circular, asociación o reunión, derecho a estudiar o trabajar, solamente puede ser reglamentado por una ley”.

En otro momento, indicó que, con el proyecto, el Ejecutivo busca adjudicarse funciones del Judicial, algo también inconstitucional. “La Constitución prohíbe cederle a otras entidades o personas la suma del poder público”, señaló.

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Como ejemplo, dijo que el documento crea “una serie de tribunales administrativos, jueces administrativos, que no se pueden recusar” y que “no tienen independencia”, ya que dependen de alguna autoridad.

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Esto, a la larga, generará un autoritarismo completo, sostuvo Santagada, y no solo atisbos como se viene dando hasta ahora. Recordó que la Constitución paraguaya fue creada para evitar, justamente, una dictadura y una predominancia del Ejecutivo por sobre los otros poderes del Estado.

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Por último, dijo que si lo que el Gobierno quiere es castigar las “vacunaciones VIP”, que solo se tomen los artículos que hablan de eso y que se aplique a funcionarios públicos que trafican influencia o que cometen delitos al vender dosis. “Nunca van a permitir eso”, adelantó.

Cabe recordar que el Ejecutivo “vendió” el proyecto como una medida para castigar a los funcionarios públicos que cometían delitos al aplicar las vacunas contra el COVID-19 de forma irregular.